Comunicado Comisión Legal – Coacciones al profesorado

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En el marco del conflicto que enfrenta al profesorado de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid con el gobierno de este territorio, se han venido emprendiendo diversas actuaciones, tanto por parte de la Presidencia y la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad (CEyE), como por el Partido Popular (PP), que consideramos que constituyen ataques al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de manifestación, huelga, reunión, y a la libertad de expresión.

A las declaraciones que desde la Comunidad Autónoma de Madrid se viene realizando, denigrando a todo el colectivo del profesorado público, se unen, al menos,

• el endurecimiento de las condiciones del encierro que tuvo lugar en las dependencias de Educación de la calle Vitruvio (por la CEyE, el 8 de septiembre)
• la realización de llamadas telefónicas por la CEyE a los directores y las directoras de los institutos, presionando para que proporcionen los nombres y apellidos de los y las docentes que participan en las movilizaciones (denuncia de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, Adimad, el 30 de septiembre);
• la apertura de expedientes, por parte de la Inspección de la CEyE, a profesoras y profesores que llevan las camisetas verdes que simbolizan la protesta (desde el pasado mes de junio);
• la presentación de una denuncia ante la Agencia Tributaria (por el PP, el pasado 12 de octubre) por presunto fraude tributario contra quienes venden esas camisetas;
• la identificación, por parte de la policía, de profesores y profesoras que desean participar en encierros, y la prohibición de llevarlos a cabo
• la vulneración al derecho de libertad ambulatoria a las personas que portan camisetas verdes (prohibición de acceso a edificios públicos, circulación por la vía urbana).
• la exigencia de retirada de carteles y pancartas reivindicativas de los centros;
• y, finalmente, la consideración de ilegal de la huelga indefinida convocada desde el martes, 25 de octubre, por la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora (AMPIC) y la correspondiente amenaza de considerar como falta la inasistencia de las personas que la secunden (por parte de la CEyE)

Todas estas acciones denotan una falta de respeto a las más elementales reglas de del Estado de Derecho, intolerable en quien detenta el gobierno de una institución como la Comunidad de Madrid, y en un partido político que se dice democrático. Los poderes públicos deben garantizar, y no obstaculizar, el ejercicio de los derechos. No sólo del derecho a la educación, que las profesoras y profesores defienden y reclaman, sino también de los derechos políticos. Y deben hacerlo con independencia de que compartan o no las razones de quienes los ejercitan.

Por lo anteriormente expuesto, y porque nos preocupa la integridad de las profesoras y los profesores; porque entendemos que su labor docente merece un respeto y que sus derechos, como los de cualquier persona, deben ser garantizados; y porque nos indigna el inaceptable comportamiento de las autoridades citadas, hacemos un llamamiento a la Comunidad de Madrid, para que ejercite sus funciones en pro de la mejora de las condiciones del personal docente y de la garantía de una educación pública y gratuita de calidad. Y tanto a la Comunidad de Madrid como al Partido Popular, para que se abstengan en lo sucesivo de amedrentar a quienes ejercitan de forma legítima sus derechos y libertades constitucionales.