¿Ley de Transparencia? Opacidad disfrazada. Por el estado participación permanente.

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Esta es la tercera de la serie de entradas "sus propuestas vs. nuestras propuestas"

Antes de comenzar el análisis, hay que comentar que resulta cínico calificar estas medidas como “propuestas” o “promesas electorales”, cuando la Constitución Europea ya obliga a implantar una ley de Transparencia mucho mas desarrollada de lo que se propone. Esta ley de transparencia por tanto debiera esta implantada ya desde hace bastante, para no encontrarnos a la cola mundial en materia de transparencia.

La opacidad de la “Ley de transparencia” que propone el PSOE en su programa muestra que está redactado a regañadientes, desde la posición del que defiende que se enseñe poco y algunas cosas, nunca. Define la huella legislativa como un simple trámite, lo cual dista mucho de la auditoría en toda regla que se promueve en Europa(*), como si fuera un “error de traducción”.

Así se comprueba cuando, en todo momento, se habla de regular el acceso, de forma pasiva-defensiva, trasladando al ciudadano la iniciativa de reclamar la información, en lugar de activa, como resulta imprescindible, mediante canales públicos que sean accesibles a todxs lxs ciudadanxs. Se propone ampliar el acceso… Contaremos hasta diez antes de contestar que sólo su universalización resulta razonable.

Resulta otra manipulación calificar de “Gobierno abierto” a las propuestas en materia de participación vía electrónica. Por lo que omite, sabemos que se tratará de permitir una opinión no vinculante acerca de aquello que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran y que ni siquiera están obligados a consultar a quienes tengan tiempo para perderlo de esta forma. Por si estas limitaciones no fueran suficientes, hay que señalar que los hogares con acceso a internet en España están actualmente en torno al 57% y se localizan mayoritariamente en grandes núcleos urbanos y hogares con un poder adquisitivo medio-alto. Incluso aunque se habilitasen cabinas de voto con conexión a datos en los colegios electorales u otros centros, este acceso no tiene comparación con el del votante que dispone de conexión en casa. Aun cuando la participación en la elaboración de las leyes fuera vinculante, limitarla al voto únicamente por internet es una medida elitista, no igualitaria.

Izquierda Unida por su parte, se extiende en el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, pero deja en manos de las administraciones qué publicarán, definiéndolo como “información básica y esencial sin necesidad de realizar una solicitud”, en lugar de forzar a que las administraciones publiquen de oficio toda la información que lxs ciudadanxs consideremos necesaria.

Por otro lado, el PP propone un concepto de transparencia bastante vago, plagado de buenas intenciones, pero basado exclusivamente en que el ciudadano tenga la posibilidad de acceder fácilmente a la información ya publicada, y sin posibilidad de ser partícipe en ella sobre qué contenidos desea consultar.

Es curioso que ninguno menciona como transparencia facilitar el acceso a la información necesaria para clarificar los procesos judiciales existentes o que puedan surgir en el futuro, o que no se hable de procesos de información pública (por ejemplo a costa de reducir la propaganda con la que nos bombardean continuamente todas las administraciones).

Recordaremos que nadie conoce a ciencia cierta los procedimientos de financiación de los partidos, por ejemplo. Los informes sobre la corrupción en España que publica la Comunidad Europea ni siquiera son traducidos. Los partidos, instituciones especialmente susceptibles de aplicar los conceptos de transparencia, ya que para pagar las campañas electorales y su funcionamiento interno asumen estratosféricas deudas con la banca en condiciones muy ventajosas que ninguna empresa o ciudadano particular obtendría jamás. En muchos casos los bancos llegan al extremo de perdonar esas deudas a los partidos.

Al respecto de la transparencia, como acabamos de comprobar, sus hechos desmienten sus intenciones.

Las propuestas del grupo de Política a corto plazo al respecto son consensos claros y nada nebulosos, que miden la importancia que tiene este tema para la gente:

• Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política.
• Declaración pública patrimonial anual antes y después de su mandato (hasta ocho años después de dejar el cargo) de todos los cargos públicos.
• Trasparencia total de las cuentas de los partidos políticos (contabilidad a tiempo real).
• Exigir una Ley de Acceso Universal a la información pública.
• A todo parlamentario se le requerirá dedicación exclusiva, es decir, el ejercicio de la función pública será incompatible con el desempeño de una actividad privada remunerada.
• Inhabilitación para el desempeño del cargo público para cualquier persona que haya sido condenada por un delito cometido durante el ejercicio del mismo. El tiempo de inhabilitación será variable, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del delito y sin perjuicio de los mecanismos ya existentes.
• Ampliar la duración [del período de tiempo que tiene que trascurrir para que un delito de corrupción prescriba], pudiendo llegar a no prescribir los delitos de corrupción.
• Aplicar las mismas penas tanto al corrupto como al corruptor.
• Mayor celeridad a la justicia en juicios de corrupción

Enlaces:

• http://www.transparencia.org.es/ (Barometro)
• http://www.proacceso.org/
• http://www.access-info.org/
• http://www.law-democracy.org/
• elpais.com “Ley transparencia”
• publico.es “El gobierno entierra la ley de transparencia”
• elmundo.es “Los eurodiputados tendrán obligación de informar de sus contactos con ‘lobbies’ “
• elmundo.es “Desarrollo ley de transparencia”
• europarl.europa.eu “Registro de lobbies”
• europa.eu “Libro Verde sobre la iniciativa europea en favor de la transparencia”