Los recortes sociales están dejando un reguero de desempleados, desalojos, muertes y desesperación. La degradación de nuestras condiciones de vida es cada día más patente. Si seguimos así, no tardaremos en llegar a una situación de verdadero genocidio económico. Y todo esto con una deuda pública a todas luces ilegítima. No tenemos que pagar esa deuda que han generado los ricos y poderosos, y que está siendo utilizada para expoliarnos.

 

 

Es ya una evidencia manifiesta que las decisiones políticas, tomadas en base a lo que dicta la élite financiera y bancaria sólo generan desequilibrios sociales y marginalidad social, lo que está provocando que el pueblo se organice y se rebele en contra de estas medidas injustas que nos condenan a todas a la esclavitud y la pobreza.

 

 

Pero ellos, frente a las reinvindicaciones del pueblo, responden con represión, porras y detenidos a niveles más propios de una Dictadura Militar que de una Democracia.

 

Es muy propio del actual gobierno, heredero directo de la Dictadura del genocida Francisco Franco, el hecho de considerar las demandas de la población como un problema de orden público, y no como un problema derivado de una gestión fascista que sólo beneficia a los que más poseen. No en vano, sus políticas de austeridad acentúan esas diferencias sociales y permiten el expolio del pueblo en favor de unos pocos oligarcas políticos, financieros y empresariales. Los mismos de siempre.

 

 

Ante esta situación, se hace necesario que cojamos las riendas mediante la presión social. Pero cuando las cogemos, nos llevan a prisión, o nos imponen multas que defenestran las economías domésticas, ya de por sí precarias como consecuencia de su crisis.

 

Estamos subsidiando a los bancos con dinero público, para arreglar sus desmanes e irresponsabilidades, y haciendo pública parte de su deuda. Este dinero, junto con los desalojos de las familias más desfavorecidas, está siendo utilizado por estos bancos para seguir teniendo beneficios millonarios. Las liberaciones de edificios de bancos a los que todos nosotros hemos financiado previamente con ayudas públicas deberían ser un derecho de la población para resolver este grave problema social, no un delito por el que ir a la cárcel.

 

 

Desde @EconomíaSol apoyamos al movimiento #Yonopago, y nos solidarizamos con los detenidos, así como con los detenidos en el desalojo de Corredera Baja y con las más de cuarenta personas que hoy volverán a dormir a la intemperie porque les han quitado el techo que por derecho les corresponde.