23F: Desmontando mentiras. Monarquía.

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En 1947, en el marco de la dictadura más larga de Europa, Franco dictó la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, por la que establecía que España se constituía en reino y que él, como Jefe de Estado, podía proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente.

A la muerte del Caudillo, en 1975, aquella ley de sucesión se hizo efectiva y, para que la transición a la monarquía parlamentaria fuera posible, las fuerzas reaccionarias, encabezadas por el franquista Manuel Fraga Iribarne, establecieron un supuesto consenso de mínimos consensuados con los supuestos líderes de la izquierda que, en lugar de exigir la legítima República, aceptaron la Transición y la jefatura del Estado en la figura del Rey, cuyo nombramiento se celebró delante de una figura como la de Pinochet, quien, con su presencia, mostraba el respaldo de la dictadura chilena a este golpe impuesto por la dictadura española.

Sobre aquel consenso de mínimos se edificaron los Pactos de la Moncloa, que darían lugar posteriormente a la constitución del Estado español llamado Reino de España, que es, en esencia, la Constitución Española de 1978, referente para todos los supuestos demócratas españoles, aunque ningún español menor de 52 años la ha votado, y que, finalmente, ha servido de amparo al gran capital mientras los ciudadanos viven sumisos y obedientes a la policía, el Ejercito y la Guardia Civil, presuntos garantes del orden público y la paz social.

El 23 de febrero de 1981, ante el auge de las fuerzas políticas de izquierdas y la posibilidad que los partidos del antiguo Frente Popular se alzaran en mayoría electoral al año siguiente, las fuerzas armadas, comandadas por un militar de rango menor como era el teniente- coronel Tejero, dan un Golpe de Estado, poniendo en peligro las supuestas libertades alcanzadas, teniendo por principal aliado a los golpistas. Dentro del Estado, al llamado Elefante Blanco, sobre el cual se dieron una serie de datos por los propios golpistas que parecerían apuntar sospechosamente a vinculaciones con la Corte y con la Casa Real.

La principal conexión se establece mediante Alfonso Armada, uno de los mejores amigos y consejeros del Rey, que es condenado a 30 años de prisión e indultado en 1988 por razones de salud, aunque a día de hoy sigue vivo.

Hay que puntualizar que, de haber triunfado el golpe del 23F, el Rey hubiera seguido siendo Jefe del Estado como jefe de las Fuerzas Armadas o Junta Militar
Desde el grupo de trabajo de #tomalazarzuela queremos pedir explicaciones sobre otros aspectos relevantes en lo que a la Casa Real se refiere.

En primer lugar, exigimos la verdad sobre el informe alemán desclasificado y publicado recientemente por el diario Der Spiegel en el que un cable de la embajada alemana en España informaba que, frente los graves hechos del 23F, el Rey sentía “comprensión” y hasta “simpatía” por los golpistas.

Queremos saber también cuál ha sido el incremento en el patrimonio de la Familia Real desde que el Rey accede al trono hasta el presente. Son conocidos sus lazos económicos y de promoción con las grandes corporaciones españolas que cotizan en el IBEX35 (Repsol, Banco de Santander, etc.), y su relación directa con paraísos fiscales, tal y como aparentemente parece que ha sido práctica habitual de al menos uno de sus miembros, Iñaki Urdangarín, en la trama de corrupción destapada en relación a su Fundación Nóos. Trama en la que, SUPUESTAMENTE, fondos públicos de diversas administraciones, sin pasar por el procedimiento obligatorio de salida a concurso público, fueron otorgados a la fundación sin ánimo de lucro para la organización de determinadas actividades de promoción y eventos, y que finalmente fueron desviados a cuentas en paraísos fiscales.

En este sentido, tenemos derecho a conocer cómo es posible que su esposa, la Infanta Cristina, siendo socia fundadora de Aizon, inmobiliaria involucrada en la trama, dice no tener conocimiento de los negocios de su marido, y sólo por eso no está siendo investigada de la misma manera que el resto de sospechosos involucrados en la trama de corrupción.

Nos preguntamos, además, cómo es posible que el Rey, como Jefe de Estado, no tuviera conocimiento de la malversación de fondos que supuestamente realizaba un familiar cuando, según informaciones aparecidas en el mes de diciembre en la prensa española, el asesor legal externo de la Casa Real había pedido al Duque de Palma que abandonara el Instituto Noós en 2006, tras comprobar que sus actividades no eran conformes a sus fines fundacionales.

Los ciudadanos y las ciudadanas de a pie queremos saber cómo es posible que, sin vender ni un sólo piso, han aparecido informaciones que señalan que la infanta facturaba en su propia empresa 2.400 € al mes como proveedora, y obtuviera un beneficio de 510.000 euros después de haber invertido tan solo 1.500. ¿No decía el propio Rey que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley? ¿No son suficientes datos como para al menos iniciar una investigación que esclarezca los hechos en los que la Infanta pudiera estar inmiscuida?

Llamamos, asimismo, a todas las personas que a día de hoy no se han cuestionado el papel de esta institución heredera, vitalicia, patriarcal y, por supuesto, feudal y antidemocrática, a que se replanteen, a la luz de las informaciones expuestas, la necesidad, como mínimo, de abrir el debate sobre la Jefatura de Estado. Especialmente en lo relacionado con la opacidad fiscal e inmunidad judicial de la que goza, así como con la propia existencia y necesidad de la institución monárquica en un estado democrático cuyos cimientos ya quedan dañados desde su origen mediante la supeditación al privilegio de cuna, de quien debería ser por derecho natural igual a todos, no como es ahora, producto del acto coital, supuestamente matrimonial, entre personas hipotéticamente de sangre azul.

En cuanto a la opacidad fiscal de la que goza, nos impide conocer cómo es posible que la revista Forbes incluyera al Rey entre las personas con una de las mayores fortunas de Europa, estimada en 1.790 millones de euros, cuando esa cantidad no se corresponde con su asignación presupuestaria. Esta sorprendente información, en lugar de aclararse o investigarse por los medios de comunicación nacionales, fue ignorada como si el dato careciese de importancia.

Esta situación de privilegio es reforzada por el Código Penal, que regula un delito como el de “injurias a la corona” que atenta frontalmente contra derechos constitucionales como la libertad de expresión y prensa. Recordemos al respecto el vergonzoso encausamiento y secuestro de edición que tuvo que sufrir la revista satírica “El Jueves”, hecho que desmiente esa presunta campechanía y sentido del humor que se atribuye históricamente a los Borbones.

Y, de igual manera, pedimos a todas aquellas personas que ya tenían presente esta causa que no se escondan, pues entre todas tenemos que desmontar la mentira que nos han inculcado desde el 23 de febrero de 1981, pues una institución antidemocrática no puede garantizar de ninguna manera una democracia.

Por todo ello, os animamos a participar en la manifestación del 14 de abril, sumando todas nuestras fuerzas por una verdadera República social que proteja los derechos naturales y sociales del pueblo y la clase trabajadora, luchando así contra los recortes sociales y apoyando la legítima causa de la clase trabajadora por una Huelga General.