Lo llaman democracia y también la OSCE recomienda que lo sea de una vez

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Como desde el GT de Política a Corto Plazo y otros participantes afines al 15M anteriormente, hemos denunciado y cada vez menos gente desconoce, la democracia nacida de la transición posfranquista restringe considerablemente la participación ciudadana en el debate público y en la toma de decisiones políticas. A los españoles únicamente se nos pide opinión cada cuatro años, cuando los partidos necesitan los votos. Pero conviene recordar que el Parlamento que emana de esos votos no es representativo porque es el resultado de un sistema electoral nada proporcional, como se puso de relieve en las ultimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y se denunció desde el grupo de trabajo elecciones 20N. Merced a esta injusta ley electoral el partido en el Gobierno pasó de la oposición a la mayoría absoluta con un pírrico aumento del 0.96% de sus votos, o lo que es lo mismo, el apoyo de apenas un 30% del electorado le legitima para ejecutar un insoportable rodillo de recortes extremos que ya ha terminado con el exiguo régimen de bienestar qie disfrutábamos y aún no sabemos qué va a pedir de segundo plato.

En esta tarea de denuncia y propuesta de nuevas alternativas, es grato constatar que nuestros esfuerzos se encaminan a la dirección correcta. La OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) es una organización europea con cerca de tres décadas de trabajo a sus espaldas, bastante institucional, que en estos días es famosa por estar denunciando desde su prestigiosa tribuna las numerosas irregularidades electorales en el régimen ruso. Hace menos de un año, esta misma asociación evaluó las elecciones generales del 20N en España, invitado por su misión permanente en nuestro país, y creemos que por sugerencia indirecta de algún partido minoritario. El informe resultado de esta visita está siendo celosamente guardado por el régimen español.

Porque al igual que sucede con los informes GRECO, que ni se traducen ni se difunden, para evitar que se conozcan sus recomendaciones acerca de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, este otro informe no lo veremos en los telediarios, pues en él se recomiendan cambios sustanciales en la ley electoral, a la vez que se recuerdan las irregularidades de financiación o los peligros de la discriminación o incluso ilegalización de partidos, mejoras en la transparencia y gestión de demandas, o denuncian su modificación sin tiempo de reacción suficiente y situaciones de vulneración del secreto del voto, como denunciamos en la iniciativa por la libertad y el secreto del voto durante las elecciones. El informe, que conviene tenerlo descargado en nuestro disco, contiene numerosas recomendaciones, entre las que cabe destacar:

“La última modificación [de la ley electoral] se realizó en julio de 2011, lo que contradice la recomendación de la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (Consejo de Venecia) que establece que los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección” (pág. 4).

“En consecuencia, el sistema electoral para el Congreso de los diputados no respeta completamente la igualdad de voto a nivel nacional. A pesar del sistema descentralizado del gobierno español, se podría considerar aumentar las garantías para la igualdad de voto en las elecciones a Diputados.” (pág. 7).

“Los votos en blanco no se tienen en cuenta en la asignación de escaños porque no constituyen una elección de las opciones políticas disponibles. Sin embargo, tienen como efecto aumentar el número de votos que necesita conseguir una lista de candidatos para que participar en la asignación de escaños. Esto puede llevar a la inelegibilidad de un partido que ha obtenido un número de votos cercano al valor del umbral del tres por ciento.” (pág. 7).

“(…) el sistema electoral configurado para el Congreso de los Diputados en general favorece a partidos con considerable influencia a nivel estatal y provincial” (pág. 8).

“(…) las autoridades deberían considerar que la JEC y las juntas de menor rango realicen sus reuniones en sesiones abiertas para observadores y representantes de los medios de comunicación.” (pág. 9).

“Las autoridades podrían considerar proporcionar un curso de formación a los miembros de la Mesa Electoral para mejorar su eficiencia el día de las elecciones.” (pág. 10).

“(…) las candidaturas potenciales de partidos sin representación parlamentaria y aquellas presentadas por grupos de ciudadanos no reciben un trato igualitario – la ley parece discriminar a estos últimos. Se podría considerar establecer condiciones iguales para la presentación de candidaturas por partidos no parlamentarios y agrupaciones de ciudadanos.” (pág. 12).

“(…) Se debería considerar garantizar una práctica uniforme con respecto a la rectificación de posibles errores técnicos de las firmas recogidas y una coordinación coherente entre los plazos legales y las posibles quejas y procedimientos de reclamación.”(pág. 13).

“(…) el nivel de subvenciones es demasiado generoso y debería reducirse. Además, según ellos, los partidos políticos deberían cubrir los costes de la impresión de papeletas electorales y no deberían optar al reembolso de estos costes” (pág. 15).

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomendó que “se aumenten los recursos financieros y de personal destinados al Tribunal de Cuentas de forma que esté en mejores condiciones para realizar de forma eficaz sus tareas de control y ejecución en relación con la financiación política, incluyendo una supervisión más a fondo de los informes financieros de los partidos políticos.

Para reforzar la transparencia en la financiación de la campaña, se podría considerar publicar los informes financieros de las candidaturas electorales tras su presentación. El mismo requerimiento de publicación tras la presentación podría ser considerado con respecto al informe del Tribunal de Cuentas para la Comisión Parlamentaria Mixta, con la correspondiente indicación de que el informe está pendiente de aprobación por el organismo correspondiente.

“Las autoridades podrían considerar la supervisión sistemática de la cobertura mediática del proceso electoral, en vista a asegurar que la normativa sobre los medios de comunicación con respecto a la cobertura de la campaña electoral se respeta completamente” (pág. 17).

“La JEC recibió numerosas reclamaciones el día de las elecciones, la mayoría de ellas presentadas por el movimiento del 15-M, pero no parece que las haya publicado en la fecha de publicación de este informe. Se podrían considerar publicar todas las reclamaciones y las correspondientes resoluciones de la JEC o de los tribunales en sus respectivas páginas web de una manera oportuna.” (pág. 19).

“Los apoderados de los partidos, en ocasiones, parecían dominar y daban la impresión de estar en control del proceso el día de las elecciones. En los casos en que los miembros de la mesa electoral parecían menos experimentados, parecía que el proceso estaba dirigido principalmente por los apoderados. Se debería considerar asegurar que el papel de los apoderados y representantes de los partidos el día de las elecciones se limita estrictamente a su autoridad legal.” (pág. 19).

“La ley electoral no contempla la presencia de observadores internacionales ni de observadores nacionales que no sean los designados por partidos políticos. En consecuencia, no se cumple completamente con lo dispuesto en párrafo 8 del Documento de Copenhague. Se debería considerar adoptar disposiciones legales que garanticen el acceso total a todas las etapas del proceso electoral por parte de observadores internacionales y nacionales no designados por partidos políticos, y que incluya un sistema de acreditación.” (pág. 19).

“En ocasiones, el secreto del voto no se respetaba por los votantes ya que no estaban obligados a usar las cabinas de votación. Sin embargo, en estos casos no había muestras de presión o intimidación. La ley electoral no garantiza completamente el respeto el carácter secreto del voto, un principio fundamental para las elecciones democráticas. Las autoridades deberían considerar la adopción de medidas para fortalecer más el secreto del voto.” (pág. 24).

LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES