Los gestores de bancos, cajas de ahorro, altos directivos, tasadoras, promotoras, reguladores y otros cargos empresariales y políticos organizaron una red de complicidades que les permitió otorgar de manera fraudulenta préstamos hipotecarios a personas, promotores inmobiliarios y entidades que carecían de medios para devolverlos. El objetivo no sólo era conseguir altas comisiones que recibían en función del volumen de préstamos concedidos, sino también el intercambio de favores políticos y económicos que se tejían en esa red de relaciones clientelares urdida a la sombra del poder. El resultado final es ahora de todos conocido: el Estado tiene que salir con dinero público a salvar el agujero de los préstamos impagados que tiene bancos y cajas.
Ante la vergonzosa pasividad de las instituciones del estado que deberían haber iniciado acciones para exigir responsabilidades por la estafa cometida, el 15-M toma la iniciativa para impulsar una investigación que determine los delitos cometidos y constituye con carácter inmediato un Tribunal Ciudadano de Justicia para que dictamine las responsabilidades contraídas por los que promovieron esta cadena de favores y consentimientos.
La investigación comenzará con una recopilación masiva y sistemática de datos y documentos donde se plasman los contratos de compraventas de inmuebles y terrenos sobretasados, así como de los contratos de concesión fraudulenta de créditos con la finalidad de poner de manifiesto quiénes, cómo y cuándo perpetraron la gran estafa que nos ha llevado a esta situación actual.
Lugar | C.S.A. Tabacalera – C/ Embajadores, 53 |
Fecha | viernes 11 de mayo 2012 |
Hora | 11:30h |
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