Propuesta abierta consensuada nº 7

INCREMENTO DE LOS INGRESOS FISCALES MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA FISCAL Y LA LUCHA EFECTIVA CONTRA EL FRAUDE.

 

A partir de 1978, donde la primera reforma fiscal de la democracia implantó los tipos máximos de tributación, se vienen practicando medidas de reducción en la presión fiscal. Recientemente, la reforma fiscal del 2007, junto con la recesión desencadenada en ese mismo año, hicieron reducir de manera espectacular los ingresos recaudados por el Estado una vez pinchados los ingresos extraordinarios asociados a la burbuja inmobiliaria. (el peso de la imposición fiscal cayó del 2007 al 2009 de un 41,1% del PIB al 34,5%, el mayor descenso entre todos los países de la U.E.)

Esta reducción de ingresos se ha visto acompañada de un incremento de los gastos derivados de medidas paliativas contra los efectos de la crisis (fundamentalmente los subsidios de desempleo) y por las importantes ayudas dadas a diversos sectores económicos, como el financiero o el del automóvil. El resultado de todos estos factores encaramó el déficit público al 11,2% en el 2009.

En esta situación, donde, al menos, el 50% del déficit se explica por la caída impositiva, se está tratando de atajar, casi de forma preferente, por la vía de los recortes del gasto, apuntalando los cimientos de una duradera recesión y negándose de facto a reducir la tasa de desempleo de una forma efectiva.

Esta política, que coincide con la batería de propuestas de la Comisión Europea, corresponde con aquellas que fueron adoptadas por el FMI en los países del Tercer Mundo en un teórico intento de ayudar al desarrollo y que fracasaron dando lugar a un fenómeno conocido como “trampa de la deuda”. Al existir un severo endeudamiento del Estado se impone una política de austeridad pública recortando gastos sociales e inversiones, reduciendo el papel multiplicador del gasto estatal y que los ciudadanos vean reducida su renta por la pérdida de ayudas económicas directas o por la disminución de los servicios públicos. Esto lleva a una caída en la actividad económica, es decir, al cierre de empresas, y consecuentemente a una recesión que supone además una reducción en los ingresos fiscales por parte del Estado. Al no poder generar los ingresos de manera interna, el Estado necesita mantenerse mediante un mayor endeudamiento que, debido a la recesión, será obtenido a un tipo de interés más alto, entrando así en un bucle capaz de destruir la economía del país.

Nosotros proponemos revertir esta tendencia, romper el ciclo perverso de déficit-austeridad-recesión-déficit. Es necesario que el Estado tenga los recursos necesarios para satisfacer las demandas de su población, y no someterse a objetivos de estabilidad presupuestaria que responden a las demandas de los mercados. Para ello es necesario denunciar y centrar la reforma fiscal en aquellos puntos de nuestro sistema que carecen de equidad.

Los objetivos principales de una política fiscal justa deben ser:

§       Mantener el Estado Social a través del cumplimiento del principio de suficiencia

§       Redistribución de la riqueza aplicando los principios de progresividad y justicia

§       Dirigir la política económica del estado gravando en mayor medida aquellas actividades de menor interés general o con efectos indeseables para el conjunto de la sociedad.

 

SUFICIENCIA RECAUDATORIA

La Constitución Española, en su artículo 31 dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad…...”

Entendemos que no basta con esos criterios de justicia y progresividad (que ni siquiera se cumplen), ya que resulta necesario concretar la frase: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos…” entendiendo que ese sostenimiento es la esencia fundamental del Estado Social de Derecho. Por tanto debe quedar claro que el sistema tributario habrá de ser suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos recogidos en la propia Constitución.

Esta suficiencia sólo podrá cumplirse mediante una eliminación sustancial del fraude fiscal junto con el aumento real de la progresividad en todos los impuestos por separado, así como en el conjunto de la estructura tributaria.

 

PROGRESIVIDAD E INCREMENTO TRIBUTARIO

1º.-  Aumento de los tramos y los tipos máximos del IRPF.

§       La tendencia que ha seguido la política impositiva de las rentas del trabajo desde los años 80 ha sido claramente regresiva, con un descenso continuado en el número de tramos y del límite máximo de cotización: Los tipos máximos de los tramos más altos del IRPF bajan del 66% en 1977 al 43% en el 2007. El  rasgo regresivo del sistema fiscal español es evidente. Durante este tiempo, el IRPF ha bajado en 18 puntos porcentuales, y el de Sociedades 9 puntos.

§       Exigimos un aumento de los tramos y una modificación en la tendencia a la existencia de topes fijos de la tributación de las rentas del trabajo más altas.

 

2º.-  Profundización en la progresividad de la tributación de las rentas de capital.

§       Defendemos que se sumen las rentas del trabajo a las rentas del capital, aplicando a ambas el mismo tipo resultante.

§       Exigimos aplicar a las rentas de capital de carácter especulativo (considerar las que se produzcan en operaciones a corto plazo) un gravamen extraordinario sobre el tipo correspondiente.

 

3º.-  Reducción progresiva de la imposición indirecta (en impuestos como el IVA) para lograr objetivos de equidad fiscal.

§       Con el fin de alcanzar un sistema fiscal más justo defendemos como principio general, cambiar la tendencia impositiva actual, priorizando los impuestos directos que deben aumentar de forma progresiva,  a la vez que los indirectos deben reducirse.

§       Dentro de ese cambio de tendencia defendemos un descenso en los impuestos indirectos sobre los bienes de primera necesidad así como un gravamen de este tipo de impuestos sobre los bienes denominados “de lujo”.

 

4º.-  Eliminación de exenciones y cumplimiento del impuesto de sociedades

El descenso en la recaudación de este impuesto aporta, la mayor contribución a la actual reducción de ingresos (un 43,5% del total). La disminución de su base imponible, achacada a la crisis económica, no explica totalmente el desplome de las cantidades recaudadas (un 55% menos).  De hecho, de 2009 al 2010 volvió a decaer otro 19,8% pese a una cierta recuperación de los beneficios empresariales, como declara el  Informe Anual de Recaudación Tributaria. La responsabilidad reposa en el descenso de los tipos impositivos, así como en la maraña de bonificaciones, deducciones y desgravaciones, que permite a las empresas detraer su beneficio de los tipos impositivos nominales, generando un tipo real a años luz del establecido en la norma.

La inequidad que plantean tales “rebajas” fiscales se aprecia doblemente:

–       Las empresas que facturan menos de 60.000 euros tributan a un tipo efectivo del 23,9%, las que ingresan entre 6 y 12 millones lo hacen al 21,2%, y las corporaciones que facturan más de 180 millones tributaron al 19,5%  (datos de 2008), a pesar del 30% de tipo nominal.

–       Refuerza la regresividad en la estructura general tributaria, ya que, como consecuencia de su caída libre, la participación de sociedades en el conjunto de ingresos fiscales ha pasado del 22% al 14% entre 2007 y 2009, reduciéndose todavía más gracias a los cambios tributarios en IRPF e IVA durante los 2 últimos años. Todo ello, a pesar de incluirse como sujetos a dicho impuesto la flor y nata de los instrumentos de creación de riqueza financiera.

Estas dádivas fiscales se justifican en el supuesto peso que tendrían los impuestos a la hora de desanimar la reinversión productiva de las empresas, algo que la evidencia histórica ha mostrado como erróneo. El vínculo beneficios-inversión no es directo, natural, inevitable, sino que se encuentra mediado por otros argumentos como:

–       La expectativa de rentabilidad, influida por factores directos como las previsiones de demanda, así como por factores indirectos como los tipos de interés y la fluctuante rentabilidad de los títulos financieros.

–       La retribución al dividendo que, por sí sólo, absorbe actualmente casi la mitad de la renta empresarial disponible.

–       Las provisiones y la amortización de deudas que actúan como mecanismos que alejan de la inversión gran parte del beneficio en momentos de recesión económica como el actual.

 

5º.- Eliminación consensuada en Europa de las SICAV y, como medida a corto plazo, vigilancia eficaz del cumplimiento de los requisitos de este régimen fiscal.

Como primer paso en este sentido exigimos la devolución de la competencia fiscalizadora de las SICAVs a la Inspección de Hacienda.

Ha de ser la Inspección de Hacienda y no la CNMV, institución a la que animan motivaciones distintas de la aplicación efectiva del Sistema Tributario, quien controle el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen privilegiado de tributación de estas entidades.

El beneficio fiscal se ha reconocido para incentivar la inversión en común de más de 100 personas pero en la realidad las grandes fortunas están disfrutando ilícitamente del mismo haciéndose acompañar en sus inversiones de 99 testaferros (llamados “mariachis”) simulando la colectividad que exige la ley para la aplicación del gravamen reducido.

6º.-  Recuperación plena de impuestos como el de sucesiones y donaciones o el de patrimonio, con un tramo exento.

§           Regulación restrictiva del mínimo exento del  Impuesto sobre Patrimonio que entró recientemente en vigor.

* Es justo que, con independencia del rendimiento anual, un impuesto grave la acumulación de patrimonio. El Impuesto sobre el Patrimonio es un Impuesto directo y progresivo que puede ser aplicado de acuerdo con el principio de que pague más quien más tiene.

* Este impuesto es de gran utilidad para la detención del fraude  al poder cruzarse con los datos del impuesto sobre la renta.

* Su potencia recaudatoria se incrementaría notablemente si se atemperase la exención a una magnitud razonable. Consideramos un mínimo exento razonable si la exención no se aplica a patrimonios familiares y empresariales que superan el millón de euros por persona,

* La aplicación de este Impuesto, como en general el sistema de imposición directa, se vería facilitada por una acción fiscal armonizada de los Gobiernos en un marco basado en valores compartidos de justicia social y eficacia.

§     Recuperación del impuesto  de sucesiones incluyendo las mismas restricciones a los mínimos exentos, propuestas para el Impuesto sobre Patrimonio

Entre otras consideraciones, hemos apreciado este mínimo exento, con las restricciones expuestas, en atención a que, dadas las circunstancias actuales de alto paro y de salarios precarios para la juventud, un hijo que, por fallecimiento de sus padres, recibe como herencia la vivienda habitual tanto de ellos como suya;  podría no tener dinero para pagar el Impuesto sobre Sucesiones, por lo que, si no se regula y aplica un mínimo exento razonable, se podría quedar sin su vivienda habitual, bien por embargo de la misma por el impago del impuesto, o bien porque para poder pagarlo tuviera que vender dicha vivienda.

 

7º.-   Cotizaciones sociales.

Frente al tipo único (4,7%) en las cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, independientes del salario, solicitamos el aumento del tipo conforme aumenta la base salarial, con objeto de alcanzar una cotización más justa y coherente con los salarios de cada trabajador/a.

 

JUSTICIA.  LUCHA CONTRA EL FRAUDE

 

Ampliación de presupuestos en medios humanos y técnicos para la persecución del fraude fiscal, así como dotación de leyes para todo el mecanismo de lucha contra el fraude.

En 2011 se cifra el importe de la economía sumergida en España en el 21,5% del PIB.

Cabe estimar  en torno a 75.000 millones de euros los recursos fiscales que el Erario Público ha dejado de ingresar en 2010 como consecuencia de la economía sumergida.

Si aceptamos a título de mera hipótesis que la relación entre el fraude fiscal total y el que tiene que ver con la utilización de paraísos fiscales es similar a la observada internacionalmente, entonces podría considerarse que el fraude en España debido al concurso de países y plazas financieras que no facilitan información tributaria no sería inferior a los 20.000 millones de euros anuales.

Pero es que, además, ganar eficacia en la reducción del fraude fiscal resulta ser la condición y el requisito para que sea posible la reinstauración de la progresividad fiscal y el gravamen adecuado de las rentas del capital.

De poco vale aumentar los tramos de la base imponible del IRPF para aplicar tipos de gravamen más elevados a las rentas más altas, reinstaurar el Impuesto sobre el Patrimonio o recuperar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o suprimir deducciones o desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades si los titulares de la riqueza la ocultan en cuentas abiertas en Andorra o en Suiza, los dueños de la riqueza la ostentan a nombre de sociedades de testaferros constituidas en las Islas Cayman y las compañías sitúan artificialmente sus bases imponibles en sus filiales de Jersey o las Islas Vírgenes.

Por último, pero no menos importante, se precisa analizar el fraude a la Seguridad Social, una de las fuentes de su desequilibrio presupuestario, y directamente vinculado con la precariedad laboral y a la economía sumergida.

Para atajar el fraude fiscal exigimos:

§  La imprescriptibilidad del fraude fiscal cometido utilizando cuentas no declaradas, abiertas en el extranjero.

§  Multa del 50% del saldo máximo de las cuentas no declaradas abiertas en el extranjero^[1].

§  La imprescriptibilidad del fraude fiscal con relevancia penal, es decir, cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 €. Dicha medida debe extenderse igualmente a todos los delitos fiscales.

 

Prohibir y luchar por la prohibición de los paraísos fiscales.

Para ello exigimos, además de implantación de las propuestas de imprescriptibilidad penal que ya se han mencionado:

§  Que la OCDE obligue a todos los países a intercambiar automáticamente información con trascendencia tributaria. No basta, por tanto, con explotar los acuerdos de intercambio de información ya firmados,  o suscribir más, porque no valen para conocer, con carácter general, quién tiene dinero en paraísos fiscales.

§  Exigir que los bancos declaren a Hacienda la identidad y el patrimonio gestionado de sus clientes de banca privada, es decir, de sus clientes ricos, porque no tiene razón de ser que sólo 6.725 contribuyentes declaren ganar más de 600.000 euros al año.

 

DIRIGIR LA ECONOMIA E INCREMENTO TRIBUTARIO – 

IMPLANTACION DE NUEVAS FIGURAS IMPOSITIVAS

Para acentuar la suficiencia y progresividad de la estructura impositiva creemos necesaria la implantación de nuevos impuestos que graven la riqueza allí donde se encuentre, por ejemplo en las actividades de tipo especulativo.

§       Impuesto sobre las plusvalías del suelo. La especulación inmobiliaria distorsiona la economía: retrae inversión de los sectores productivos, incrementa irracionalmente el precio de la vivienda, da soporte a la burbuja financiera y es fuente de corrupción. Se especula, en realidad, con el suelo cuyo valor – creación de la demanda y el progreso social –genera plusvalías exponenciales y no,  como suele decirse, “con el ladrillo”, ya que los materiales apenas aumentan de valor y, además, se deprecian por el transcurso del tiempo. Esto, cuya muestra notoria se da en la recalificación del suelo rústico, se manifiesta en todos los niveles de la sociedad. Hay solución: como medida central, aunque no única, deben gravarse las plusvalías del suelo adecuadamente. Tomar esas plusvalías del suelo para fines públicos no es sino devolver a la comunidad lo que ella misma ha creado. No puede haber cambio de modelo económico sin acabar con la especulación con el suelo.

§       Impuestos extraordinarios a las posiciones monopolísticas. Con independencia de las limitaciones legales, existen de hecho grandes corporaciones con posiciones de dominio en el mercado que deben compensar al resto mediante esta imposición.

§       Impuesto a las Transacciones Financieras que penalice los movimientos especulativos de capital. Los movimientos de carácter especulativo suponen más del 90% de ellos, siendo el resto los que corresponderían a la economía productiva. No se trata de aceptar las acciones ilegales de la especulación (que deberán ser perseguidos), sino de obstaculizar los usos ilegítimos de esas transacciones.

Ese impuesto cumple varias funciones.

1º.-  Por su bajo porcentaje, no afecta a las transacciones necesarias para la economía real, desincentivando sin embargo aquellas otras que mueven constantemente (incluso varias veces en el mismo día) ingentes cantidades de dinero entre diferentes mercados, obteniendo pequeños beneficios de cada movimiento.

2º.-  Permite recaudar, con un mínimo coste de gestión, ingentes cantidades de dinero que podrían destinarse a los programas internacionales, siempre comprometidos y nunca cumplidos.

3º.-  Sirve a la transparencia de dichas transacciones, a menudo realizadas a través de paraísos fiscales y, por tanto, sirve a la lucha contra el fraude fiscal en esos lugares.

Proponemos:

• El ITF debe cubrir cuatro tipos de productos: bonos, acciones, divisas y derivados.
• Un tipo de gravamen cercano al 0,5% que disuada realmente esas prácticas. En cualquier caso, el gravamen deberá ser siempre más alto para los derivados, ya que son los más propensos a ser usados con fines especulativos.
• Luchar porque desde España se traslade la demanda de un ITF en estas condiciones a las instituciones europeas.

• Impuestos que graven la contaminación y el impacto ambiental. Con independencia de las medidas de prohibición, se deben gravar las consecuencias ambientales para la colectividad que generan las actividades económicas.