FollowAdemás de eliminar los SOJs, Servicios de Orientación Jurídica gratuita, que dejarán de prestarse en diciembre de este año, otra de las medidas que ataca directamente al acceso de los ciudadanos a la Justicia es el aumento desproporcionado e indiscriminado, tanto en cuantía como en número, de las “tasas judiciales”, que el Gobierno pretende imponer.
Las tasas judiciales son contribuciones económicas que hasta ahora pagaban sólo las sociedades mercantiles por acceder a la justicia en sus distintas fases (demandar, recurrir…), y que con el proyecto de Ley de tasas elaborado por el Gobierno deberán pagar todos los ciudadanos salvo aquellos que por sus circunstancias personales y económicas, tengan reconocido el beneficio de la Justicia gratuita.
El pago de estas tasas supondrá que gran parte de la ciudadanía se quede sin posibilidad de acceder a la justicia para defender sus derechos, con la exigencia del abono previo del cantidades exorbitantes para dar inicio a un pleito.
Desde la Comisión Legal Sol creemos que es obligación de todos y todas defender un sistema de administración de Justicia público y de calidad, donde no quepa en ningún momento cuestionarse el acceso al mismo por ninguno de los ciudadanos/as de este Estado por falta de recursos
El pretender justificar el sistema de “copago” que la Administración trata de imponer sobre la base de que con parte de los ingresos de esta tasa se harán frente a los gastos derivados del sostenimiento del servicio de turno de oficio entre los abogados y procuradores, nos parece una artimaña más de este Gobierno tratando de confundir a la opinión pública y justificando su incapacidad para gestionar un problema muy grave también, como es el de la retribución del turno de oficio de los abogados y abogadas que lo integran.
Una vez más se aplican las normas en su vertiente más restrictiva y sin responder a las necesidades de la cuidadanía, pues mientras el propio legislador admite que se ha producido un aumento considerable del recurso a los tribunales por parte de los ciudadanos para resolver conflictos, interpreta que este ejercicio legítimo de un derecho fundamental y el uso de un servicio público como es la Administración de Justicia se está haciendo de manera irracional y abusiva ; decidiendo limitar su acceso en términos económicos, lo que supone dado los tiempos que vivimos, que de nuevo el Estado se atribuye el poder de decidir por todos y todas quienes pueden hacer uso de lo que debería ser un libre y gratuito ejercicio de derechos fundamentales.
El Gobierno, teniendo en contra el interés de todos los ciudadanos, de todos los operadores jurídicos desde del Consejo General de la Abogacía Española, hasta las asociaciones de jueces, secretarios judiciales y fiscales, ha decidido legislar por el trámite de urgencia de una ley de tasas judiciales de cuyo concepto, como pago universal, no teníamos noticias desde la normativa preconstitucional al respecto fechada en 1959 y que fue derogada en 1986 en aras del mandato constitucional que impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE).
Se prevé que pueda entrar en vigor el día 21 de noviembre después de la tramitación en Senado y Cortes que se hará en los próximos días
Es por todo ello que, la Comisión Legal de Sol considerando que estamos a punto de asistir una vez más dentro de las políticas de este Gobierno a una restricción grave en materia de derechos fundamentales viene a hacer un llamamiento a todos y todas para que, el próximo día 12 a las 12 de la mañana en Plaza Castilla unamos nuestras voces en un grito unánime
DI NO A LA LEY DE TASAS!
¡DEFENDAMOS LA JUSTICIA PÚBLICA, DE CALIDAD, ACCESIBLE A TODAS Y TODOS Y DIGNAMENTE RETRIBUIDA!
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.