Aportaciones al manifiesto de EconoNuestra “Los países periféricos en una Europa fracturada”

Desde el Grupo de Trabajo de Economía Sol valoramos muy positivamente la iniciativa de EconoNuestra con la presentación del manifiesto “Los países periféricos en una Europa fracturada”, que trata de reflejar el proceso de gestación de la crisis y sus consecuencias, constituyéndose como una herramienta valiosa de cara a abrir el necesario debate en torno al análisis de la realidad y las soluciones a los graves problemas que acucian a nuestra sociedad.

La presente aportación describe de manera somera algunos de los puntos que pensamos deben formar parte del eje vertebrador de un análisis profundo de la situación y de la propuesta de alternativas viables y eficaces que podrían ser pasos hacia la construcción de un nuevo modelo justo y sostenible en lo social, lo económico y lo ecológico.

1. ANÁLISIS.

1.1. La naturaleza de la crisis (No es una crisis, es el sistema).-

El sistema capitalista se basa en tres premisas, la competitividad, la acumulación y el crecimiento ilimitado, que son de por sí nocivas, pues fomentan las desigualdades, la injusticia, la pobreza, la violencia, el expolio de los recursos, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de soberanía de los pueblos.

El modelo económico impuesto por este sistema, lejos de dedicarse a la distribución eficiente de unos recursos que son limitados para cubrir las necesidades de las personas y las sociedades en las mejores condiciones, pone la obtención del máximo beneficio por parte de los individuos como objetivo último, soslayando los fundamentos sociales y éticos que deben regir toda actividad humana. Las economías de escala, la especialización productiva, las estrechas relaciones entre poderes económicos y políticos, la desregulación y liberalización de la actividad y las políticas fiscales regresivas, entre otros factores, crean en este ámbito un escenario propicio para el aumento de la fractura y la exclusión social.

Pero este modelo económico no solo se aísla de su marco social, también hace un ejercicio de pretendida autosuficiencia sustrayendo de sus análisis y prácticas la componente ambiental. El sistema económico se desenvuelve en el marco de la biosfera, de la que detrae recursos y a la que emite residuos, algo que no se tiene en consideración en la planificación económica de empresas y gobiernos. Así, el agotamiento de los recursos del planeta, la contaminación, el empobrecimiento de las tierras o la pérdida de biodiversidad, que tienen graves consecuencias sobre los equilibrios ecológicos y la propia supervivencia de las personas, son asumidos como costes externos e incluso sirven como terreno para desarrollar nuevos espacios de negocio.

En la medida en que la riqueza se mide por el valor monetario de manera exclusiva, la concepción misma de “desarrollo” está supeditada al incremento de capitales acumulados y en circulación en un territorio, sin atenderse a otros aspectos sociales o ambientales. Conceptos como “crecimiento” o “austeridad” tienen un elevado componente ideológico, propiciando políticas que ahondan en los desequilibrios generados. Esta misma lógica impregna al sistema en todas sus partes (sistema monetario, sistema financiero, modelo productivo, etc.), que se constituyen como herramientas puestas al servicio del capital. Esto es, al servicio de aquellas personas y grupos que ostentan el capital.

El individualismo y la competitividad, que se presentan como garantes de igualdad y progreso, promueven comportamientos antisociales en la práctica de individuos, organizaciones e instituciones. Valores como la solidaridad y la cooperación son abandonados o bien manipulados para la reproducción de dinámicas de fragmentación y sometimiento.

La actual crisis no es un fenómeno temporal y aislado. La propia naturaleza del capitalismo comporta un desenvolvimiento cíclico con fases de reajuste que tienen un elevado impacto en el entorno. Los límites del planeta y de la propia actividad humana se afrontan por medio de un “optimismo tecnológico” que sirve para perpetuar la ilusión del crecimiento ilimitado y la mecánica de la acumulación, bases de continuos desequilibrios en lo económico, lo social y lo ecológico que cristalizan en procesos de crisis cada vez más recurrentes y devastadoras.

A pesar de que aparentemente la crisis solo afecta a algunas economías, los desajustes provocados por el sistema se dejan sentir en todo el mundo. La globalización ya es un hecho, y la interrelación e interdependencia de los territorios y sociedades han llegado a un nivel máximo. Es el mismo sistema el que provoca desempleo en España, hambre en Somalia o guerras en Oriente próximo. Por tanto, las alternativas que se construyan deben ir en la senda de ofrecer soluciones globales, solo así serán viables y perdurables.

Para acabar con las crisis hay que acabar con el capitalismo. Las respuestas coyunturales basadas en los propios fundamentos de este sistema solo sirven para suavizar temporalmente sus efectos en unos territorios y grupos sociales determinados, a costa de transferir el impacto de las disfunciones a otros grupos humanos. Y en todo caso, no hacen sino perpetuar una lógica perversa que atenta contra los derechos fundamentales de las personas y los pueblos. Frente a un sistema que pone en el centro al capital, la solución estriba en otro que ponga en el centro a las personas, las sociedades y los ecosistemas.

1.2. Financiarización de la economía (Economía de la especulación).-

La financiarización de la economía surge como respuesta a los límites en las expectativas de rentabilidad de la actividad productiva, que ha llevado durante las últimas cuatro décadas a la progresiva liberalización y desregulación de los mercados financieros. Las tasas de rentabilidad obtenidas en estos mercados son muy superiores a las que se dan en los mercados de bienes y servicios, lo que ha propiciado un enorme crecimiento del sector, así como de su capacidad de influencia sobre la economía productiva, o sea, sobre el comportamiento de empresas no financieras, hogares y gobiernos.

En los mercados financieros operan los bancos de inversión, las compañías de seguros, los fondos de pensiones, los fondos especulativos y de manera creciente todas las grandes corporaciones. Y su objetivo es únicamente obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Para ello se llega a especular con alimentos, hipotecas, recursos minerales y energéticos, deuda soberana o derivados financieros varios, entre los que se encuentran apuestas sobre la bancarrota de países enteros. La mayor parte de estas operaciones especulativas se realizan en plazos extremadamente cortos, incluso inferiores a un día, lo que supone una distorsión de los propios mercados financieros y de la economía real, y tiene una nula aportación a la actividad productiva.

Al enorme incremento en titularizaciones y derivados que supone la creación de “burbujas financieras” se une otro elemento desestabilizador como es la creación de dinero bancario por medio de la concesión de créditos. Esta capacidad confiere a la banca un control real sobre el dinero, lo que se traduce en poder económico. Pero esta práctica tiene un componente perverso más que conduce a la inestabilidad del sistema económico: los intereses. Si todo el dinero emitido se hace en base a una deuda, no existe dinero en circulación para pagar toda esta deuda más sus intereses. Esto lleva, por un lado, a la necesidad de pedir más créditos de manera continuada para pagar la deuda y sus intereses, con lo que se genera una burbuja financiera. Y por otro lado, como la creación de dinero no puede ser ilimitada por llevar aparejados procesos de hiper-inflacción, la limitación al crédito recae sobre aquellos agentes económicos más débiles, con lo que se fomentan las desigualdades económicas y sociales.

La actual crisis tuvo su origen en el pinchazo de la burbuja financiera, que provocó el cierre del grifo del crédito y con ello la ralentización de la economía. Las grandes inyecciones de capital a la banca a muy bajos tipos de interés por parte de los bancos centrales y las ayudas directas concedidas por diferentes gobiernos no han servido para que vuelva a fluir el crédito, necesario para reactivar la actividad en la economía productiva. El destino de estos fondos ha sido el propio sector financiero, dedicándose buena parte del capital a la compra de deuda soberana a tipos de interés mucho mayores de los soportados, con lo cual se vuelve a incidir en la práctica especulativa de cara a maximizar los beneficios obtenidos.

El sistema financiero es el agente que facilita la circulación del dinero en la economía, cumpliendo una función esencial para la inversión, la producción y el intercambio de productos y servicios, y con ello para la cobertura de las necesidades de las personas y las sociedades. La desregulación y liberalización del sector, así como su subordinación al lucro privado de las élites económicas son elementos perturbadores para el cumplimiento de estas funciones. La financiación de estados, empresas y familias y el normal funcionamiento de la economía no pueden estar supeditados a la oportunidad de obtener rentabilidades mayores o menores según las circunstancias del momento. La resolución definitiva de las perversiones del sector financiero y de sus efectos perniciosos sobre la economía solo puede venir de la mano de una correcta regulación de su actividad y de su sometimiento a los intereses generales por encima de los particulares.

1.3. El mecanismo de la deuda (No debemos, no pagamos).-

La deuda es un elemento fundamental dentro del sistema económico capitalista. Los bancos prestan dinero a empresas, particulares y estados, que se endeudan con ellos. Pero a su vez los propios bancos obtienen dinero endeudándose (con depositantes, ahorradores, bancos centrales y otros bancos y sociedades de inversión). Los estados, además de con los bancos, se endeudan con organismos internacionales y con agentes financieros que adquieren bonos del estado. Esto es, todos los agentes económicos están inmersos en los mecanismos de la deuda, y por lo tanto expuestos a sus efectos.

El enorme endeudamiento acumulado por las principales economías de la OCDE en el periodo de creación de las burbujas financiera e inmobiliaria se sitúa en la base de la actual crisis económica. Los títulos de deuda se constituyen como un derecho a cobrar una serie de ingresos sobre la base de una riqueza (rentas) que se generará en el futuro. Cuando la generación de deuda se vuelve desmesurada respecto a la producción real de riqueza, tarde o temprano surge la crisis. Es decir, cuando los acreedores de la deuda estiman que va a ser difícil recuperar el dinero prestado, se producen tensiones y reacciones que derivan en una crisis financiera.

El endeudamiento es un mal endémico que sufren todas las economías del mundo. De hecho, la deuda externa de países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Alemania es superior a la de España, aunque estos países no tienen “problemas aparentes” de deuda. Los problemas son, en principio, los mismos, pero los mercados, a través de las agencias de calificación, estiman que la economía española atraviesa más dificultades que otras, por lo cual existe un mayor riesgo de impago. La consecuencia de esto es que el Estado español paga más intereses por su financiación que el resto de países mencionados.

La gestación de la deuda actual en los países de la periferia europea tiene una relación estrecha con la propia construcción del mercado único europeo. La especialización productiva de los estados fue desigual, promoviendo que los países centrales se convirtieran en exportadores de bienes industriales y tecnologías con alto valor añadido y el resto en importadores netos, con resultados obvios en sus balanzas comerciales. Los países exportadores dedicaron sus ganancias a financiar a los países importadores, para que pudieran seguir consumiendo sus productos. De esta manera se creó un círculo vicioso por el cual las economías más débiles servían de mercado para las más fuertes contrayendo con ello una deuda creciente. Los resultados de este proceso son que la élite industrial y financiera centroeuropea ha obtenido ingentes beneficios a costa de empobrecer y endeudar a las economías de la periferia, a las que ahora exige el pago de sus deudas restringiendo y encareciendo las posibilidades de refinanciación.

Estos mecanismos no son nuevos, ya se emplearon hace décadas en los países del Sur global, con iguales resultados a los que ahora vivimos. Para poder acceder a nuevos préstamos que les permitiesen hacer frente al pago de la deuda, muchos países se han visto obligados a aceptar duros planes de ajuste estructural impuestos por el FMI, parecidos a los planes de austeridad que ahora también nos impone la troika a los países de la periferia europea. Estos planes supusieron el recorte del gasto público, la eliminación de aranceles a las importaciones, la privatización de los servicios públicos y la desregulación comercial y financiera, sobre todo para las inversiones de las empresas multinacionales de los propios países acreedores. Medidas que no han conseguido reducir la deuda y, por contra, han aumentado la pobreza, han comprometido la soberanía alimentaria y han impedido el desarrollo del tejido productivo local de estos pueblos.

Respecto a la deuda externa española, es importante incidir en que solo una quinta parte es deuda pública, siendo el resto deuda privada, en su mayor parte generada por la banca y las grandes empresas. Este porcentaje era aún menor antes de la crisis, situándose entre los más bajos de la UE. Su crecimiento se ha debido principalmente a un descenso en los ingresos fiscales derivado de la recesión económica y los recortes, a una política fiscal regresiva que se ha mostrado insuficiente una vez pichadas las burbujas financiera e inmobiliaria, y a la gran cantidad de dinero que se ha destinado al salvamento de la banca. Y más aún, el crecimiento de la deuda pública y de sus intereses provoca el acceso a los mercados financieros para obtener nuevos fondos con los que refinanciar la deuda, con lo cual deuda e intereses entran en un bucle de crecimiento continuo.

Las soluciones dadas por los gobiernos e instituciones internacionales a la grave crisis financiera de los últimos años no hacen sino ahondar sus raíces y reforzar los mecanismos de la deuda que solo benefician a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía y la sociedad en conjunto. La presión de los acreedores de títulos financieros y de deuda, principalmente los grandes bancos y sociedades de inversión centroeuropeas y norteamericanas, provoca que las urgentes medidas tomadas se encaucen a garantizar el cobro de lo adeudado, modificando los mecanismos y marcos legales e insuflando enormes cantidades de dinero a la banca a costa de los erarios públicos, el recorte de gastos sociales, la privatización de servicios públicos y la transferencia neta de rentas de las clases bajas y medias por medio de recortes en salarios y prestaciones. Esto es, la socialización de las pérdidas de un negocio que ha sido muy lucrativo para la banca y las grandes empresas y fortunas.

Pero además estas soluciones no pueden garantizar el pago de la deuda. Las reformas, recortes y privatizaciones puestas en marcha están produciendo una contracción de la actividad económica y el empleo, y con ello una reducción de los ingresos fiscales. Esto obliga al acceso a fuentes externas para la refinanciación de la deuda, con lo cual el montante e intereses van creciendo. Si cada vez la deuda es mayor y la capacidad para pagarla es menor, el resultado será que no haya posibilidad física de pagar la deuda.

El mecanismo de la deuda es por todo ello ilegítimo, sirviendo como herramienta de opresión de las personas y los propios estados, que son sometidos a los intereses de las élites económicas. Igualmente se puede considerar odiosa e ilegítima toda aquella deuda que no ha sido contraída en beneficio de la ciudadanía o ha atentado directamente contra sus intereses. Solo asumiendo estas premisas se pueden construir alternativas viables y efectivas que ayuden a salir de la situación de crisis sistémica en la que nos encontramos.

1.4. La actividad económica (Somos personas, no mercancías).-

Desde un punto de vista social y ético, la actividad económica debe ir encaminada a satisfacer las necesidades de las personas y los grupos sociales, de tal manera que se asegure la supervivencia y la convivencia en las mejores condiciones posibles. La búsqueda del máximo beneficio particular como motor de la economía ha pervertido este objetivo, con importantes consecuencias, algunas de las cuales apuntamos:

• La actividad económica tiende a concentrar los recursos en aquellos territorios y grupos sociales con mayor capacidad de compra y consumo, dejando al resto en una situación de precariedad y desabastecimiento.
• Se fomenta el consumismo y la obsolescencia programada, sin tener en cuenta los límites de los recursos ni su distribución equitativa entre toda la población.
• Aumenta el tamaño y poder de las grandes corporaciones transnacionales, a la vez que se destruye el tejido de pequeñas y medianas empresas.
• Se tiende a la sobreproducción de bienes y servicios superfluos desatendiendo producciones más necesarias y eficientes.
• Se favorece la especialización productiva y las redes largas de distribución, que generan una mayor interdependencia, fragilidad económica, sobre-consumo de recursos y contaminación.
• Se fomenta la deslocalización industrial hacia territorios donde la protección de los derechos humanos y laborales es mínima, propiciando un recorte de estos en el resto de territorios en aras de alcanzar mayor “competitividad”.
• Se da un crecimiento en la cantidad y valorización de actividades que no aportan beneficios sociales ni ecológicos e incluso tienen efectos negativos, mientras que se da una minus-valoración de aquellas actividades más básicas y necesarias.
• Se promueve el individualismo frente a la cooperación.
• Se especula con bienes y servicios básicos para el sostenimiento de la vida.
• Se produce un deterioro y abandono de la inversión en la economía productiva para dedicarla a la economía especulativa.
• Se fomenta la mercantilización del trabajo y de las propias personas, con la eliminación de derechos que ello supone.

Resultado de esto son el aumento de los desequilibrios y desigualdades sociales y territoriales, el agotamiento de los recursos, la superación de los límites de los sumideros ecológicos y la degradación del medio ambiente, la desestructuración de la actividad productiva, etc.

La revisión de este modelo pasa por la eliminación progresiva de todas las actividades que son neutras o nocivas en su aportación social, en especial las relacionadas con la economía especulativa, y la revalorización de aquellas actividades básicas para la vida de las personas y los pueblos. Se requiere una estructura productiva que atienda al cierre de los ciclos ecológicos, centrada en la producción de bienes y servicios realmente necesarios. Una economía que prime la producción y el comercio locales, las redes cortas de distribución y la soberanía en los abastecimientos. De manera general se necesita una reorientación completa de los modelos de producción, distribución y consumo.

Resulta fundamental, asimismo, una revisión de las condiciones laborales, asumiendo que en última instancia son las personas las que realizan la actividad económica, y que la “deshumanización” que comportan los actuales modelos productivos resulta incompatible con el fin último de la propia actividad. La desmercantilización del trabajo pasa por la demarcación y aplicación efectiva de unos derechos fundamentales que no pueden ser transgredidos bajo ninguna circunstancia.

En la medida en que la actividad económica cumpla con una función meramente social, el trabajo debe ser repartido entre todas las personas para permitir que se cubran sus necesidades de subsistencia. Se requiere una redefinición del concepto mismo de trabajo, que ponga en valor todas aquellas labores fundamentales para la reproducción social que son invisibilizadas por el actual sistema. En este contexto, la valorización de actividades debe ser justa y tender a una distribución equitativa de las rentas, con el establecimiento de salarios mínimos y máximos en un rango reducido de diferencias. Las rentas del capital, la propiedad y sus derivados deberían reducirse o bien eliminarse, tendiendo a una socialización de los beneficios de la actividad económica.

Por otra parte, las necesidades humanas y sociales van más allá de aquellas que se cubren por medio de un empleo y un salario dignos y suficientes. Una pieza clave para ello es la reducción del tiempo dedicado al trabajo para atender a la satisfacción de otras necesidades básicas personales y de los grupos sociales (cuidado, entretenimiento, vida social, vida política, etc.).

El fin de las crisis, las desigualdades, las injusticias y, en general, de la degradación de las sociedades y el planeta ha de pasar inexorablemente por el replanteamiento radical de la actividad económica y todos sus componentes.

1.5. La propiedad (Bienes públicos, bienes privados y bienes comunes).-

El concepto de propiedad ha variado a lo largo de la historia, y con el los bienes que pueden ser objeto de apropiación, que se han ido ampliando progresivamente. El sistema capitalista ha promovido, desde su nacimiento, la propiedad privada como forma predominante de propiedad. Frente a esto, la propiedad pública ha tratado de garantizar el derecho de las personas al acceso a bienes y servicios básicos, aunque con desiguales resultados en la geografía y la historia.

La creciente mercantilización de todos los espacios sociales ha llevado a procesos de privatización de todos los bienes susceptibles de apropiación. Esto ha provocado que muchos bienes de titularidad pública (agua, tierras, servicios sanitarios, educación, transporte, energía, banca,…) que lo eran de cara a garantizar su uso y disfrute por parte de todas las personas, vayan pasando a manos privadas. Y la experiencia nos muestra como la privatización de bienes y servicios públicos tiene como consecuencias la limitación de la accesibilidad, el encarecimiento de precios y el descenso de la calidad.

El hecho de convertir en apropiables los bienes básicos para la subsistencia de las personas y los grupos sociales lleva de una manera u otra a prácticas de exclusión y marginación respecto al acceso a estos bienes. En este marco es necesario replantearse si todos los bienes pueden ser objeto de apropiación. Es aquí donde entra el concepto de “bienes comunes”, que frente a los bienes privados y los públicos no otorgan derechos especiales a nadie, pero sí responsabilidades compartidas a todos.

Aquellos bienes y servicios que son básicos para la cobertura de necesidades de la ciudadanía han de ser bienes y servicios comunes, cuya titularidad y propiedad no puede ser nunca privada, y su función debe ser la cobertura de estas necesidades por encima de los intereses privados. La gestión de estos bienes en forma estatal o comunitaria no puede en ningún caso confundirse con su propiedad.

Por otra parte, la propiedad privada aparece como uno de los pilares fundamentales del sistema económico imperante. Los avances hacia un nuevo sistema justo y sostenible han de comprender el cuestionamiento y redimensionamiento de esta figura. En todo caso, si el reconocimiento de la propiedad, como institución, no ha cumplido su función social, es necesario plantear nuevas figuras de derecho que permitan el cumplimiento de estos objetivos.

1.6. Distribución de la riqueza (Por una fiscalidad progresiva, justa y suficiente).-

Según las teorías económicas ortodoxas, el libre mercado propicia una optimización en la distribución de la riqueza y con ello en la cobertura de las necesidades humanas. Pero la realidad muestra de manera tozuda como la competitividad, la acumulación y la maximización de beneficios tienen unos efectos muy diferentes a los previstos. Más aún, en los últimos años de liberalización económica se ha producido de forma continuada una transferencia neta de rentas de las clases trabajadoras a las elites económicas.

Las reformas laborales, las crecientes diferencias entre rentas salariales altas y bajas, el abandono de facto de los objetivos de pleno empleo en las políticas económicas, los recortes en prestaciones y servicios sociales, la destrucción de pequeñas y medianas empresas a favor de grandes multinacionales o la marginalización de colectivos enteros llevan a un escenario donde las rentas se acumulan cada vez en menos manos. A esto se une una especialización internacional de la producción que conlleva inexorablemente un reparto desigual de la riqueza entre los territorios.

Las políticas fiscales de los diferentes países han seguido, paralelamente a estos procesos, una paulatina contracción, sobre todo en lo tocante a los gravámenes sobre las rentas más altas, las provenientes del capital, de la propiedad y de la actividad especulativa. De manera general encontramos sistemas fiscales regresivos que ponen su peso en las clases bajas y medias, exonerando de sus responsabilidades en la aportación al interés general de las élites económicas y empresariales. En este punto es importante reseñar que son precisamente aquellos países europeos con sistemas fiscales más regresivos (España, Portugal, Grecia e Irlanda) los que han sufrido de manera especial los efectos de la crisis.

Otro aspecto relevante es el relacionado con el fraude y los paraísos fiscales. Los elevados niveles de evasión y fraude, realizados en gran medida por grandes empresas y fortunas, suponen la pérdida de ingresos fiscales que son vitales. En el caso de España la eliminación del fraude fiscal serviría de por sí para el saneamiento de las cuentas públicas, reduciendo el déficit a cotas mínimas y con ello las necesidades de financiación externa. Pero más allá de dotar de recursos suficientes a la Agencia Tributaria para la persecución de estos delitos, lo que se hace es recortar los gastos en este apartado y conceder amnistías fiscales a los defraudadores.

El objetivo principal de las políticas fiscales debe ser propiciar la redistribución de la riqueza por medio del sostenimiento de los bienes y servicios básicos que atiendan a las necesidades de la población. Se entiende así que estos servicios se convierten en una especie de “renta indirecta” que compensa la escasez de las rentas directas obtenidas por medio del trabajo. En la medida en que el peso de este sostenimiento recae sobre las clases más humildes, la fiscalidad no logra sus objetivos: ni redistribuye ni compensa.

Por otra parte, el sistema tributario debe ser “suficiente” para sostener estos bienes y servicios básicos. El mantenimiento de un Estado que se considere social requiere que las aportaciones realizadas por parte de la población sirvan para cubrir los gastos generados en cada momento. En caso contrario se obliga a la obtención de financiación externa, con las consecuencias que ello tiene en cuanto a endeudamiento, o bien al recorte del gasto social. O, como ocurre en la actualidad, a ambos.

Como conclusión, se requiere la imposición de un sistema fiscal progresivo y justo, que cobre más impuestos a quienes más tienen, y que sea suficiente para acometer los gastos e inversiones requeridos en cada momento para cubrir las necesidades de todas las personas y de la sociedad en su conjunto. En este marco, la persecución del fraude y la eliminación de los paraísos fiscales son un requisito imprescindible para que los sistemas tributarios puedan llevar a cabo la obtención con justicia de ingresos fiscales suficientes para preservar los bienes y servicios públicos.

1.7. Los poderes, el poder (Democracia real y soberanía popular).-

Las relaciones entre los poderes económicos y políticos son históricas y muy fuertes. Aparte de la existencia de numerosos lobbies de presión de la banca y las transnacionales, las cúpulas de instituciones como el BCE o el FMI están copadas por gente de la banca, igual que las jefaturas de gobierno en Italia y hasta hace poco en Grecia, o diversos Ministerios y altos cargos en 16 países de la UE, entre los que se encuentra España. Son los propios bancos los que financian las campañas electorales y los gastos suntuarios de los grandes partidos políticos, y son a su vez dueños de los grandes medios de comunicación, capaces de llevar a un candidato al gobierno o de hundirlo. Y, cuando acaban su carrera política, la mayor parte de presidentes, ministros y otros altos cargos públicos pasan a formar parte de los Consejos de Administración de grandes empresas y bancos.

Las instituciones y marcos legales de la Unión Europea han sido construidas, con el apoyo de todos los gobiernos, para servir a los intereses de las élites económicas. Con ello se ha producido una pérdida de soberanía a favor de organismos no democráticos, lo que supone una merma de derechos y libertades de la ciudadanía europea.

En primer lugar, los tratados y pactos han sido firmados por los diferentes gobiernos y aprobados por el Parlamento Europeo sin realizar consultas a la ciudadanía, lo que no es muy democrático si se tiene en cuenta la importancia de estos tratados. En segundo lugar, los gobiernos nacionales y el propio Parlamento Europeo cada vez tienen menos poder, siendo la Comisión Europea la que se convierte en el auténtico gobierno, en coalición con otros organismos internacionales como el FMI y el BCE, que tampoco son democráticos. Es la Comisión Europea la que impone las políticas y tiene poder para imponer sanciones y multas a los países si no cumplen con sus “recomendaciones”. Además la Comisión controla los Presupuestos Generales de los estados miembros antes de que estos se empiecen a discutir en los propios parlamentos estatales.

Es imprescindible rechazar los tratados por los que ha sido conformada la UE para poder construir una Europa de los pueblos basada en la cooperación, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la sostenibilidad. Para ello necesitamos unas instituciones europeas y nacionales que sean realmente democráticas, bajo control social, que funcionen bajo criterios éticos y tengan como objetivo prioritario la defensa de los intereses generales de la ciudadanía por encima de cualquier interés particular.

2. PROPUESTAS.

En este apartado se presentan algunas propuestas planteadas como alternativas viables que benefician al conjunto de la población, respuestas a la crisis y pasos hacia un nuevo modelo político y económico:

• Realización de una auditoría de la deuda, transparente y con participación ciudadana, que delimite quienes son los responsables de la deuda y quienes se han beneficiado de ella. Repudio del pago de toda aquella deuda que se considere ilegítima por no haber repercutido en beneficio de la ciudadanía. Determinación de responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y financieros que han generado la deuda ilegítima.
• Nacionalización de cajas de ahorro y bancos privados. Creación de una banca pública, ética, transparente, democrática, bajo control social, cuya actividad se enfoque a la financiación de familias y de aquellas empresas que sirvan al interés general, y no a la especulación.
• Implantación de un sistema fiscal progresivo y justo, que grave más a quienes más tienen, permitiendo la redistribución de la riqueza y dotando al estado de los medios suficientes para cubrir los servicios públicos y crear empleo. Persecución del fraude fiscal y prohibición de operar en paraísos fiscales hasta conseguir su cierre.
• Cese inmediato de privatizaciones y recortes. Desarrollo de servicios públicos accesibles y suficientes para garantizar la cobertura de las necesidades de toda la población. Estos servicios no deben estar sujetos a intereses privados.
• Regulación inmediata del mercado inmobiliario para acabar con la especulación, así como una legislación garantista que proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía.
• Creación de un marco laboral que proteja los derechos de las personas trabajadoras y garantice la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Aumento del salario mínimo interprofesional y establecimiento de salarios máximos. Disminución de rentas del capital y aumento de rentas salariales para dinamizar la economía real y desvalorizar la especulación.
• Rechazo de los tratados que constituyen la Unión Europea de las grandes corporaciones y la banca, y construcción de una Europa social  y democrática.

3. EJES DE ACCIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN.

Del trabajo desarrollado por las Asambleas Populares del 15M y otros movimientos sociales, así como de las conclusiones extraídas en los últimos encuentros internacionales (Agora99, Florencia 10+10), se infiere que hay dos áreas temáticas que están imponiéndose como ejes estratégicos de acción para la movilización ciudadana. Ambos tienen una importante componente transversal que permite, a través de ellos, realizar una labor de denuncia, información, sensibilización, debate y construcción de alternativas donde caben todas las luchas.

a) Eje de la deuda: La deuda es el principal mecanismo de opresión del sistema, bajo el que se excusan recortes, reformas, privatizaciones y todo tipo de políticas y prácticas que suponen a la postre el fortalecimiento del status quo. Si bien las realidades de unos y otros territorios y grupos sociales presentan diferencias, ostensibles en algunos casos, la deuda y sus implicaciones son un elemento común, con capacidad para aglutinar en su entorno una lucha conjunta a nivel internacional. En este sentido, lemas como ¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS! se constituyen como ideas fuerza que caben en todas las luchas y en todos los lugares.

b) Eje de la democracia real: La debilidad democrática es otro elemento común en toda Europa. La recuperación de la soberanía popular se presenta como eslabón fundamental en la consecución de los necesarios cambios para alcanzar otro mundo mejor. Conscientes de que los centros de poder se han movido de la escala nacional hacia la internacional, y de que la lucha común de los pueblos europeos tiene más oportunidades de éxito que las luchas aisladas, se están trazando las bases para la movilización ciudadana en torno al rechazo a los tratados, pactos e instituciones que rigen Europa bajo una perspectiva internacionalista. Son lemas como ¡CONTRA LA EUROPA DE LAS GRANDES CORPORACIONES Y LA BANCA! los que ayudan a visualizar la connivencia de los poderes económico y político, poniendo el acento en que la opresión es algo sistémico y global, por lo que la lucha también ha de serlo.