Carlos Sánchez Mato: “Certezas sobre el Banco Malo. Malo no, peor.”

El proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español avanza por la senda establecida en el Memorándum de Entendimiento rubricado por el Gobierno español el 20 de julio del presente año.

Se ha publicado el Informe de Oliver Wyman que limita las necesidades de capital a un máximo de 53 mil millones de euros y excluye de posibles déficit de capital a Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, Unicaja, IberCaja, BBK y Bankinter. El objetivo del Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas ha sido, en todo momento, minimizar las necesidades de capital de las entidades en un vano intento de que se restablezca la confianza en las mismas. Para cumplir con este objetivo, la consultora estadounidense, a cambio de un módico precio de 31 millones de euros, ha sobreestimado la capacidad que los bancos españoles tienen de soportar las inevitables pérdidas que ocultan en sus balances.

El siguiente paso ha consistido en la presentación por parte del resto de entidades de sus planes de recapitalización. A continuación, solamente en las entidades que precisen fondos públicos para su reflotamiento, se realizará la segregación de activos “problemáticos” para su traspaso a una Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). Esta empresa que se ocupará de gestionar hasta un máximo de 90 mil millones de euros es lo que conocemos por “Banco Malo”. Según las estimaciones realizadas en la presentación pública, los activos tóxicos que gestionará SAREB alcanzarán los 60 mil millones de euros en una primera fase y los préstamos, inmuebles y suelo procederán de las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Cataluña Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) y de aquellas encuadradas en el Grupo 2 que precisan ayudas públicas (Liberbank, Banco Mare Nostrum, Cajatres y Caja España-Duero).

El Gobierno defiende que la actuación de esta sociedad de activos permitirá una mejor gestión de los activos problemáticos y contribuirá a la recapitalización y viabilidad del sector bancario.

Sin embargo, además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, en la puesta en marcha de SAREB podemos encontrar diversos elementos que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades.

La Sociedad de Gestión de Activos no aborda la totalidad del problema. El volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no alcanzará ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60% de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades bancarias. Y eso solamente si contabilizamos como activos tóxicos los encuadrados en el segmento de créditos al sector inmobiliario y de construcción. Además de esos 309 mil millones de euros, no se pueden considerar exentos de graves dificultades, créditos a particulares destinados a adquisición de vivienda (sobre todo los correspondientes a los últimos años de burbuja) y préstamos a empresas industriales con garantías inmobiliarias. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de crédito hipotecario que el sector bancario ha concedido a familias y empresas supera los 966 mil millones de euros y hay que ser conscientes que el valor de las garantías que los bancos tenían se han desplomado.
Los recursos propios que se han fijado para la puesta en marcha de SAREB son insuficientes para la magnitud del reto que aborda. Precisará en la primera fase de un máximo de 60 mil millones de euros para adquirir los activos tóxicos (ya con el recorte acordado). Los fondos propios de la sociedad serán un 8% de dicho importe (una parte de los mismos podrían ser bonos subordinados, es decir, títulos de deuda). La insuficiencia de capital causará graves dificultades para una adecuada gestión de los activos adquiridos, máxime cuando se trata de elementos de difícil venta a corto plazo. Con un capital de 4.800 millones de euros (parte de ello suscrito en forma de deuda subordinada) la sociedad debería emitir títulos de deuda por un importe de más de 55 mil millones de euros que serán avalados por el Estado. Es inconcebible que se quiera solucionar un problema de excesivo apalancamiento de las entidades financieras con un vehículo de activos tóxicos basado en más apalancamiento.
Como consecuencia del mínimo capital que aportarán los accionistas, el “Banco Malo” pagará los activos a las entidades con los títulos de deuda emitidos con el aval del Estado. Sin embargo, las incógnitas a partir de ese punto se multiplican. Se desconoce el plazo y el tipo de interés con los que se emitirán los bonos pero la amortización será en torno a los quince años (duración máxima del vehículo creado) y la rentabilidad de ese tipo de deuda tendría que ser superior al 6% en las actuales condiciones de mercado. Sin embargo, eso lastraría aún más la dudosa rentabilidad a corto plazo de SAREB porque supondría un coste financiero anual cercano a los 3 mil millones de euros. Si se toma la decisión de fijar una rentabilidad financiera muy reducida, las entidades bancarias que reciban estos bonos como pago de sus activos estarán obligadas a mantenerlos en su balance sin otra opción que utilizarlos como colateral ante el Banco Central Europeo, dado que ningún inversor se los compraría. Sin embargo, la utilización del BCE para obtener liquidez a los plazos necesarios no está suficientemente clara. No está anunciada ninguna operación de préstamo a medio plazo como las realizadas a finales de 2011 y principios de 2012 por parte de la entidad por lo que dependerían de operaciones de financiación a corto plazo.
El traspaso de activos tóxicos a una entidad que no tendrá operativa bancaria produce una paradoja de enorme importancia en cuanto a las necesidades de capital de los bancos que se liberan de ellos. Reduce drásticamente el importe de activos ponderados por riesgo y es sobre este dato sobre el que se aplica el requerimiento del 9% de capital de máxima calidad. Dada la normativa, cambian activos con riesgo por bonos avalados por el Estado que computan como activos sin riesgo. El resultado es que los requerimientos de capital disminuyen en 6 mil millones aproximadamente con respecto a la situación previa a la transferencia a SAREB. A un sector cuyo problema fundamental es la escasez de patrimonio neto, se le reducen las exigencias con un nuevo artificio contable.
SAREB se presenta como una sociedad “que no formará parte del sector de Administraciones Públicas”. Se trata de una forma de ocultar una realidad evidente. De los 60 mil millones de euros de inversión en activos tóxicos iniciales, el Estado aportará aproximadamente 57 mil millones de euros entre capital y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Contará además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley.
Los inversores privados que participen finalmente en SAREB se beneficiarán de una ventajosa tributación fiscal (1% en el impuesto sobre Sociedades). Si se trata de inversores extranjeros tendrán exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por los dividendos o ganancias patrimoniales que reciban por su participación en SAREB.
Aún con las ventajas fiscales, será extremadamente complicado para el Gobierno “convencer” a los inversores privados para que entren en el accionariado de la Sociedad de gestión de activos. El Plan de negocio “prevé una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15% en un escenario conservador”. Aunque se anuncie que el traspaso de activos se realiza con enormes descuentos, es necesario precisar que los precios de transferencia son similares a los del escenario adverso planteado en el Informe de Oliver Wyman (escenario éste considerado altamente improbable hace un mes). Se trata de descuentos sobre valores de tasación del punto más álgido de la burbuja por lo que no hay garantía alguna de que a los precios traspasados será posible su venta. La media será un descuento del 63% con relación al bruto en libros para los activos adjudicados. Según tipo de activos, el descuento es del 79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de préstamos a promotores, el descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.
Se ha optado por realizar el traspaso de los activos al mínimo posible que permita la comercialización de los mismos con alguna posibilidad de obtener ganancia económica pero sin generalizar esos precios al conjunto de las entidades. Se defiende que el valor al que se traspasan los activos por parte de las 8 entidades “no constituye una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos”. Es decir, se establece un doble criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos en las entidades bancarias. A unas se les obliga a dotar las provisiones por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que a otras se les permite no hacerlo. Según un informe recientemente publicado por Merrill Lynch, el déficit de provisiones respecto a los precios estimados de traspaso al SAREB ascendería a 8.474 millones para BBVA-Unnim, 5.971 millones de euros para Santander, de 3.649 millones para Unicaja-Caja España, de 1.724 millones para KutxaBank, de 1.272 millones para Sabadell-CAM. El estudio no incluye a CaixaBank (aunque otras estimaciones afirman que esta entidad tiene un déficit de más de 2.300 millones solamente en adjudicados). Solamente Bankinter tiene un superávit de provisiones de 177 millones. Fuera del grupo 0, Merrill considera que Ibercaja necesita más de 3.000 millones para poner sus activos a precios del ‘banco malo’ y el Popular tendría que asumir un deterioro adicional de 7.529 millones de euros. Como se puede apreciar, el tratamiento diferencial ahorra 34 mil millones de euros en provisiones a las entidades bancarias que han “aprobado” según Oliver Wyman pero que estarían en idéntica situación que las que han precisado apoyo público.
Para alcanzar la rentabilidad presupuestada, SAREB deberá conseguir algo extremadamente complejo en la situación actual: financiación para los activos que enajene. Pero eso es algo utópico no solo en el corto sino también en el medio plazo. No parece probable que las entidades nacionalizadas vayan a financiar la adquisición de activos traspasados y mucho menos posible es que las entidades que no hayan aportado activos problemáticos al “banco malo” vayan a incrementar su cuota de mercado en el sector inmobiliario.
SAREB no ha planteado en su plan de negocio ninguna alternativa en materia de política de vivienda diferente a las estrategias fallidas que hasta el momento se han utilizado en nuestro país. Ni alquiler social, ni erradicación de los desahucios. Parece evidente que no es su objetivo ni tampoco el del Gobierno.

La conclusión que el diseño del “banco malo” nos ofrece es que, como en las fases anteriores de la crisis financiera, se ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados.

No es malo, es peor.

1 de Noviembre de 2012