¡Culpables a la cárcel! Nace el Tribunal Ciudadano de Justicia

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@LuisMadrod.— En todas partes es sabido que la crisis financiera que estamos sufriendo tiene responsables. El abuso sistemático cometido por el sector de la banca no ha tenido límites y sus responsables han quedado escandalosamente impunes a pesar de que han supuesto la ruina de muchas familias y el endeudamiento del país entero. Desahucios, ahorros perdidos, deuda privada convertida en pública, recortes sociales para devolver la deuda y mientras ellos; los gestores de las cajas, han conseguido retiros dorados y pensiones vitalicias de esos mismos bancos y Cajas que han sido rescatados con dinero público. Una situación en la que el precio que han tenido que pagar unos, responsables de la estafa inmobiliaria, y otros, víctimas de la misma, está siendo claramente desigual.

Desde el punto de vista institucional, el gobierno, en vez de exigir responsabilidades a los gestores de Cajas y Bancos, calla y omite ejercer sus funciones, actuando al dictado de los delincuentes y los especuladores.

En este contexto de impunidad e injusticia social, hace un año y medio surgió el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ). Una iniciativa popular que estaba latente en el seno del grupo de trabajo de Economía, a raíz de la Acampada de Sol así como en barrios como el del Bº del Pilar de Madrid. El propósito de este Tribunal es, ni más ni menos, que hacer pagar con su propio patrimonio e incluso con la cárcel a los gestores de los Bancos y de las Cajas de Ahorro por los abusos cometidos en torno a la Burbuja Inmobiliaria. Este grupo de acción, como así se autodenominan, pretende que la denuncia sea conocida, comprendida y respaldada por todo el conjunto de la población por lo que han iniciado una estrategia de difusión y expansión de su modelo de lucha hacia todas las asambleas del Estado español, comenzando por Madrid. Para llevar a buen puerto los objetivos, afirman, es imprescindible obtener el apoyo masivo de todo el conjunto de la población.

Las sobretasaciones inmobiliarias.

Para entender la estafa concreta que el Tribunal pretende denunciar, es fundamental que se conozca el propósito con el que las empresas tasadoras, generalmente propiedad del banco, aumentaron la tasación de los pisos objeto de la compra. Cuanto más alto era el valor de la tasación, mayor importe se podía conceder en el préstamo, en el que se incluía ya no solo el importe de la compra del piso, sino los gastos notariales, de registro, los impuestos y las comisiones del gestor entre otras cosas. De esta manera, se eliminaba la necesidad de aportar lo que comúnmente se conocía hasta el momento como la “entrada del piso”; esto es, el ahorro previo que tradicionalmente se le exigía al comprador para que le fuera concedida la hipoteca y que generalmente suponía un 20% del importe de la compra.

Los miembros del Tribunal Ciudadano denuncian la falta de voluntad política a la hora de investigar las prácticas ilegales que se han llevado a cabo durante el periodo en que se fraguó la burbuja inmobiliaria, y son especialmente tácitos en señalar las sobretasaciones inmobiliarias como la pieza clave que dio lugar a la estafa de la deuda. Esta práctica no solo permitía que las comisiones de los banqueros fueran cada vez de mayor cuantía, sino que además permitían que los préstamos concedidos siguieran cumpliendo las condiciones necesarias para constituir nueva deuda respaldada por estos y así poder venderla en los mercados internacionales mediante Cédulas Hipotecarias. La condición fundamental para la emisión de esa nueva deuda era que el importe concedido de los préstamos no superara el 80% del valor de tasación. Así, si el valor de tasación estaba adulterado, el importe concedido podía ser extremadamente superior al precio que se pagaba por el piso; se cumplía con la condición necesaria para emitir más deuda y además los gestores de los bancos seguían cobrando ingentes cantidades de dinero vía comisiones.

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Arículo original publicado en el periódico de la asamblea popular de Alcorcón “Ágora Alcorcón 15M”