Cumbre de los pueblos 2013, Santiago del Chile

 

 

 

 

Desde la Cumbre de los Pueblos 2013 que se realiza en Santiago en paralelo y en oposición a la Cumbre Celac-Unión Europea, como se ha realizado desde Seattle 1998, convoca a la inauguración del encuentro ciudadano a realizarse en la Facultad de Arquitectura de la U. de Chile, Marcoleta 250, para luego marchar hacia la Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago.

De esta manera, desde el 25 al 27 de enero se convocan en la capital para intercambiar las demandas y propuestas de los pueblos movilizados en ambas regiones que luchan contra las políticas neoliberales que afectan a los pueblos. Las principales ideas de este encuentro abierto a la sociedad civil giran en torno a búsqueda de otros modelos socio económicos y formas de vida en la diversidad, con propuestas concretas hacia un Buen Vivir.

Desde Ecologistas en acciòn nos pieden apoyar y firmar esta carta al gobierno español

Carta al Gobierno español

Att: Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, La Moncloa

Cc: Jorge Moraga – Gabinete del Presidente

dirgabinete@presidencia.gob.es

 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ministro@maec.es

 Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, sec@comercio.mineco.es

 Asunto: Cumbre de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Santiago de Chile, 26 y 27 de enero

El Gobierno español participa en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero en la Cumbre de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) bajo el título «Alianza para el desarrollo sostenible: Fomentando las inversiones de calidad social y medioambiental». A diferencia de otros países de la UE, en el caso español no hubo debate parlamentaria ni reunión con la sociedad civil previos para conocer las posturas que el Gobierno español llevará a esta cumbre, interpelarle y comunicarle las posturas de la sociedad civil.

Por ello, diferentes organizaciones sociales nos dirigimos a Ustedes para trasladarles nuestras observaciones sobre la agenda oficial de la cumbre y emplazarles a tener en cuenta las demandas de la sociedad civil.

EN PRIMER LUGAR, nos alarma que el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, emprenderá su tercer viaje oficial a Latinoamérica con el objetivo principal de “abrir nuevas vías para aumentar la presencia de empresas españolas en la región”. ¿Se pretende así legitimar y cubrir con un manto de impunidad las graves violaciones a los Derechos Humanos y los Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales que varias empresas multinacionales españolas han cometido en el continente? Asimismo queremos dejar constancia que repudiamos las recientes declaraciones del Embajador de la Unión Europea en la República de Chile, Rafael Dochao Moreno, quien exhibió que el objetivo de la Cumbre UE-CELAC es que “salga adelante el concepto de seguridad jurídica para las inversiones y se den señales a favor de reglas de juego claras para los inversionistas, pues ha habido últimamente falta de respeto de algunos países con empresas europeas”. Afirmó que “cuando una empresa va a un país espera (…) la seguridad jurídica respecto a que lo que puede ser invertido pueda ser luego repatriado como beneficios del capital”. En esta misma dirección se pronunció Tomás Duplá, director para las Américas del Servicio de Acción Exterior Europeo, en una entrevista con medios chilenos en octubre 2012.

Los Tratados Internacionales de Inversiones (TII) –como son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC)- son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales y como tal amenazan la soberanía y constituciones de las naciones, tanto de países en desarrollo como desarrollados, la gobernabilidad democrática y el interés publico.

Los Tratados de Inversiones otorgan a las empresas transnacionales derechos extraordinarios sin obligaciones vinculantes, permitiendo a las corporaciones saltearse las leyes y cortes locales y nacionales y demandar a Estados soberanos por millones de dólares ante tribunales internacionales asociados con el Centro Internacional de Arreglos de Disputas en Inversiones (CIADI), la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho de Comercio Internacional (UNCITRAL), y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). No existen, en cambio, tribunales internacionales similares en los cuales gobiernos o ciudadanos puedan llevar a las empresas transnacionales a la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos, sociales, laborales y medioambientales o cuando infringen los requerimientos de las políticas publicas nacionales.

Los tratados de inversiones son instrumentos que usan las corporaciones transnacionales para disciplinar y poner presión sobre los gobiernos. Estos Tratados dan un poder sin precedentes a las corporaciones y mantienen a los gobiernos rehenes en su capacidad de perseguir objetivos de políticas públicas. De esta manera, menoscaban los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y derecho a la salud, el acceso a los servicios públicos, medios de vida básicos y la protección del medio ambiente.

La liberalización financiera y la protección de las inversiones, promovida por medio de los acuerdos de comercio e inversiones, son causas de la crisis financiera y económica actual. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y el G20 promueven estas políticas de liberalización como una solución a la crisis económica y claramente creando las condiciones para una crisis mas profunda. Este sistema va a fortalecer aun mas el poder de las corporaciones (el 1%) y otorgar mayores protecciones a los inversionistas, pero en cambio aliena aun mas al 99% de la población.

Por todo ello, exigimos al Gobierno español a:

– Poner un alto a nuevas negociaciones de tratados de inversiones, tanto bajo la forma de TLC como de los Tratados Bilaterales de Inversiones existentes

– El retiro de los países del CIADI y otros procesos de arbitraje como UNCITRAL y CCI

– Inhibirse a realizar cualquier tipo de presión sobre países en desarrollo para firmar TBIs y provisiones sobre inversiones en los TLCs

– Examinar y revisar los impactos de los Tratados Bilaterales de Inversiones existentes sobre la población, la economía y el medioambiente

Proponemos en cambio un marco internacional de inversiones alternativo este basado en principios democráticos y que priorice los intereses públicos sobre las ganancias privadas, que:

– Incorpore obligaciones vinculantes a las empresas relacionado con derechos humanos, económicos, laborales, sociales y medioambientales

– Excluya los mecanismos de resolución de disputas inversionista- Estado. No otorgue a los inversores derechos mayores que a los nacionales

– Garantice a los gobiernos todo el espacio democrático para implementar políticas publicas en favor de los pueblos y el medio ambiente

– Incluya el derecho a restringir y controlar los flujos de capitales internacionales especulativos y desestabilizantes

– Determine que áreas como la salud, los alimentos, los servicios públicos y los recursos naturales deben estar bajo control e inversión publica y excluidos tajantemente de la inversión extranjera.

EN SEGUNDO LUGAR,

reiteramos a la Cumbre UE-CELAC nuestra reclamación, respaldada por una gran mayoría de las organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, campesinas, indígenas, afro-descendientes, víctimas de conflicto armado, estudiantiles, de genero, medioambientales y ONG de desarrollo de América Latina y de Europa, de que los tratados de libre comercio entre la UE, Colombia, Perú y Centroamérica no entren en vigor (y seguiremos pidiendo su rechazo en los procesos de ratificación en los parlamentos nacionales europeos).

Entre las muchas razones, que hemos trasladado durante los últimos años a los gobiernos de la UE, está el hecho que la firma, por ejemplo, del TLC entre la UE y Colombia-Perú viola los principios de la Unión Europea de exigir la defensa de los derechos humanos por encima de los intereses comerciales. El Gobierno español tiene que cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de la Ley y que sus relaciones comerciales y las políticas de cooperación de la Unión Europea promuevan de forma concertada el respeto y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Ponemos a continuación unos datos que muestran porqué no se cumplen los principios de la UE en el caso de las relaciones comerciales con Colombia, y que remarcan la grave situación que vive Colombia en cuanto a Derechos Humanos:

– Desde 2010 se ve una tendencia de aumento de las agresiones a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia. Mientras el año 2011 con 239 agresiones representaba un aumento de 36%, entre enero y septiembre de este año estamos ya a un nivel de 235 agresiones de las cuales 37 asesinatos.

– La impunidad sigue imperando en Colombia con niveles de más de 90%. Y sin embargo el gobierno colombiano promueve reformas como la de la ampliación del fuero militar que como lo han mencionado relatores de Naciones Unidas y la Comision Interamericana de DDHH entre otros – fomentara la impunidad en Colombia.

– Con 35 sindicalistas asesinados en el 2011, Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicatos.

– Cada año sigue habiendo centenares de miles de personas que deben abandonar sus tierras, en el 2011 se documentaron mas de 250.000 personas desplazadas. Según las fuentes utilizadas Colombia cuenta con entre 3.9 y 5.5 personas desplazadas internamente.

– Entre enero de 2011 y mayo de 2012, se registraron 240 nuevas desapariciones forzadas. En el 2010, 150 desapariciones forzadas fueron documentadas, y en los casos en los cuales se pudo establecer el presunto autor genérico (95 víctimas), el 97,89% se atribuyen a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales (12 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares (81 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 2,11% de las desapariciones forzadas (2 víctimas)

Y podemos seguir con otros muchos ejemplos para reflejar esa situación.

Además, la mayoría organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, campesinas, indígenas, afro-descendientes, víctimas de conflicto armado, estudiantiles, de genero, medioambientales y ONG de desarrollo colombianas se han pronunciado contra la ratificación de este Tratado de Libre Comercio por numerosas razones. Entre estas queremos subrayar las siguientes:

– Existen diferencias abismales entre las economías y los niveles de desarrollo de Europa y los países andinos. Estas asimetrías hacen que el actor más fuerte, en este caso la UE, pueda imponer sus condiciones en beneficio de sus intereses (particularmente corporativos), aplicando normas que limitan la capacidad de los países para definir su modelo de desarrollo y, en consecuencia, el bienestar de las mayorías tanto en Europa como en los países andinos.

– El acuerdo entre la UE y los países andinos fue negociado antes de la implosión de la crisis europea. En el momento actual, el acuerdo propone soluciones – como la liberalización de los servicios financieros- que profundizan el mismo modelo en cuestión. De esta manera, se pone hoy en peligro la existencia de los servicios públicos como la salud, educación, etc. abriendo las compras públicas a las empresas transnacionales en detrimento de las empresas locales.

– El acuerdo profundizaría el modelo minero extractivista y el carácter exportador de materias primas de Colombia y Perú, con graves consecuencias ambientales y sociales, así como sobre los territorios y comunidades, que no han sido tomadas en cuenta en el Acuerdo negociado. Lo anterior para garantizar el abastecimiento de la Unión europea en minerales y energía a bajo costo.

Como lo mencionan los propios estudios de impactos pedidos por la Unión Europea, el Tratado tendrá como consecuencia un aumento de la presión sobre la tierra y los territorios. Es importante notar que en Colombia numerosos pueblos indígenas están en vía de extinción debido, entre otros, a la presión sobre sus territorios por parte de proyecto mineros.

Los impactos medioambientales de los proyectos de extracción minera y agroindustriales son devastadores. Además Colombia es un país donde la movilización social y la reivindicación de sus derechos por las comunidades son reprimidos con represión, judicialización, amenazas, despojos, asesinatos, etc.

Además de la situación en Derechos Humanos que vive Colombia y de los impactos negativos que tendrá el Tratado de Libre Comercio, queremos añadir que la historia reciente de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia ha mostrado la no aplicación de las cláusulas en Derechos Humanos por parte de la UE.

Como factor agravante de todo lo anterior, queremos denunciar que el tratado de libre comercio EU-Colombia-Perú favorece la liberalización de los servicios financieros y movimientos de capital en un contexto de los problemas de flujos financieros ilegales existentes entre los países signatarios, que resultan del lavado de dinero, del narcotráfico y de la elusión fiscal o la evasión de impuestos.

El TLC expone a la UE a peligros cada vez mayores de lavado de dinero y evasión fiscal poniendo en entredicho el futuro papel de la política de la UE para regular el sector financiero y los flujos de capital, como se explica a continuación:

– El TLC restringe la capacidad de las autoridades para aplicar controles a los flujos de capital. Sin embargo, no aparecen en él artículos concretos que aseguren la existencia de instrumentos y normas destinados a prevenir y parar los flujos ilegales, algo que contrasta con otros acuerdos comerciales firmados por la UE, donde quedan patentes compromisos más fuertes de cooperación y de implementación de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la delincuencia y la evasión fiscal o elusión de impuestos.

– A pesar de que en la UE hay distintos países con jurisdicciones en las que un alto número de empresas e individuos evaden impuestos, el TLC no muestra compromiso serio alguno por reducir la evasión fiscal o la elusión de impuestos. Por el contrario, el TLC da margen para que se efectúen libremente más movimientos de capital sin supervisión, así como para la liberalización de servicios fiduciarios y de asesoramiento fiscal, sin excluir categóricamente que inversores extranjeros se establezcan con el propósito de evadir impuestos. El uso de jurisdicciones opacas de la UE y paraísos fiscales resulta en pérdidas importantes de ingresos para los gobiernos signatarios, dinero que podría utilizarse para la reducción de la deuda y el desarrollo sostenible.

– Si bien el TLC liberaliza toda una gama de servicios financieros de naturaleza a veces especulativa y riesgosa, no aparecen en dicho TLC mecanismos concretos que garanticen una debida regulación o supervisión conjunta de los servicios financieros que se mencionan, lo que podría debilitar el sector de las finanzas y la estabilidad financiera.

Las disposiciones del TLC establecen como se puede implementar la regulación financiera sin salvaguardar suficientemente el pleno derecho de la UE y de las otras dos partes contratantes a regular el sector financiero y controlar el capital. Varias reformas financieras realizadas en la UE se encuentran ya en claro antagonismo con las reglas del TLC sobre acceso a mercado y regulación nacional. Las disposiciones del TLC no permiten aplicar completamente lo aprendido de la crisis financiera y las reformas que no hubiera sido posible prever antes.

EN TERCER LUGAR, las prioridades marcadas por los representantes de la administración pública española y europea ante la Cumbre UE-CELAC en Chile ponen en evidencia, una vez más, los verdaderos objetivos que persigue la Unión Europea en su relación con América Latina y el Caribe: el de continuar saqueando los recursos naturales, mercantilizando y privatizando los bienes comunes, así como penetrando y controlando gran parte de las economías latinoamericanas. En tiempos de crisis económica la UE quiere salir de ella a través de estrategias de exportación y políticas de libre mercado y libre comercio sin considerar los enormes impactos económicos, sociales y ambientales que conllevan.

Queremos recordarles que España –y muy en concreto la corona y la iglesia- tienen una imborrable deuda histórica con América Latina y el Caribe por la violencia, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y la vulneración grave de los derechos de los pueblos que se han cometido en este continente durante la época colonial española, la conquista y evangelización, una deuda histórica con las comunidades originarias, indígenas, campesinas, quilombolas y la población africana que fue comercializada como esclavos.

Y, en la actualidad, el Gobierno español prioriza la defensa de los intereses privados de las corporaciones españolas por encima de la defensa de los derechos universales que están siendo aniquilados y violentados a gran parte de la población que día a día enfrentan y resisten la voracidad capitalista de las empresas europeas que solo buscan seguir acumulando ganancias a cualquier precio, quebrantando los derechos sociales y laborales y destruyendo la naturaleza. Así se perdieron grandes extensiones de selvas nativas y de biodiversidad, se contaminaron el agua, el aire y el suelo de territorios enteros, se desmontaron montañas, se generaron enfermedades sobre miles de pobladores que los llevaron a la muerte, se impusieron deudas financieras y tratados de protección a las inversiones contrarios a los derechos humanos, entre otros crímenes.

Desde hace mucho tiempo, los pueblos de América Latina vienen reclamando que la Unión Europea debe hacerse cargo de lo que perpetraron algunos de sus Estados miembros en el continente latinoamericano a lo largo de la historia, reparar las deudas históricas, económicas, financieras, sociales, ecológicas y climáticas generadas y dejar de continuar consagrando la impunidad de las empresas transnacionales, como lo viene haciendo.

Por eso reclamamos que se haga justicia. Que se cumplen con los derechos universales de los pueblos. Que se anulen las deudas ilegítimas que sirvieron para profundizar el saqueo.

EN CUARTO LUGAR,

queremos señalar que la parte de los compromisos y objetivos sociales y ambientales aprobados en la Cumbre oficial UE-ALC de Madrid en 2010 no se han cumplido, y la mayoría de las políticas públicas –especialmente en la UE- han agravado la crisis económica, social y ambiental, especialmente la situación de las y los trabajadores en numerosos países y podemos afirmar inclusive que varios gobiernos han hecho exactamente lo contrario de lo que se comprometieron.

Las organizaciones firmantes denunciamos:

I. Las medidas adoptadas por numerosos Estados para hacer frente a la crisis global del sistema capitalista neoliberal, dirigidas a explotar los bienes comunes, privatizar los recursos públicos y medioambientales, y mercantilizar los derechos humanos.

II. El incumplimiento, bajo el pretexto de la crisis financiera, de los Derechos Humanos universales, así como de los acuerdos y compromisos suscritos por los Estados, entre ellos los de las propias Cumbres UE-ALC anteriores, en especial los llamamientos a la defensa de los Estados como garantes de los derechos de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables a la pobreza y la exclusión, y como redistribuidores de los recursos y promotores activos de la igualdad de oportunidades, la justicia y la cohesión social.

III. La aplicación de políticas y medidas de ajuste que excluyen a la mayor parte de su ciudadanía –entre ella los y las más jóvenes- del acceso a condiciones de vida dignas, a la igualdad y a un futuro esperanzador.

IV. La priorización de “los mercados” sobre las personas, y el “secuestro” de las democracias que se traduce en ofensivas contra la soberanía popular, la socialización de las pérdidas del sector financiero, la desregulación y privatización de bienes públicos y el fomento de una economía especulativa.

V. El incremento de la feminización del cuidado de la infancia y las personas mayores en situación de dependencia, a consecuencia de los recortes de los servicios públicos.

VI. La ofensiva neoconservadora y patriarcal sobre los roles familiares y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto, atacando la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir.

 Por todo ello, DEMANDAMOS al Gobierno español:

1. El reconocimiento de la participación democrática, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia y la diversidad, y el desarrollo económico equitativo como ejes que estructuran las políticas públicas.

2. La elaboración de políticas en pro del empleo decente, así como en el acceso universal a la educación, la salud y la protección social universal de calidad, como camino a la inclusión social y la equidad.

3. Estados democráticos, laicos, garantes de derechos, valedores del efectivo desarrollo de políticas públicas, libres de prejuicios e imposiciones religiosas, respetuosas con los derechos humanos, especialmente de las mujeres, minorías de toda condición, pueblos indígenas y migrantes.

4. El reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad plurinacional, pluri-étnica e intercultural, así como afectivo-sexual, de género y diversidad funcional como centro del desarrollo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

5. El respeto y garantía de los compromisos acordados con la igualdad, los derechos de las mujeres así como el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres. Todo ello acompañado de recursos suficientes para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, incluidos muy especialmente los derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal y seguro, y el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.

6. El fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada y de los movimientos sociales, en toda su diversidad, como actores políticos y sociales garantes del Buen Gobierno y las democracias, y la no criminalización de los movimientos sociales.

7. La rendición de cuentas públicas y el fortalecimiento de espacios y mecanismos para la participación real de la sociedad civil y los pueblos en los procesos políticos.

8. Aplicar políticas de justicia social, ambiental y económica, inclusivo y sostenible que den respuesta a los problemas reales de la ciudadanía dirigidas a eliminar la pobreza, repartir las riquezas, garantizar justicia fiscal y una renta básica, favorecer la igualdad de oportunidades y estimular la creación de empleo decente, sostenible y socialmente útil.

9. Propiciar la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y económico, propiciando la autonomía económica de las mujeres con políticas adecuadas que eliminen las brechas de desigualdad, y garantizando la representación equilibrada en todos los ámbitos de decisión.

10. Cambiar radicalmente el modelo de producción y consumo, y construyendo una economía ecológica que garantice una vida digna, el cumplimiento pleno de todos los derechos universales y acceso a los servicios públicos básicos, así como una vivienda, el acceso a la tierra y promueva la soberanía alimentaria.

11. Los Estados deben apoyar el trabajo decente con calidad, con protección social universal y con sistemas contributivos y fiscales progresivos y justos que garanticen la distribución de la riqueza y la sustentabilidad de una sociedad justa.

12. Promover políticas que garanticen la igualdad de oportunidades laborales y de desarrollo personal para la juventud, mujeres, migrantes, colectivos marginalizados y precarios entre otros.

13. El fin de la impunidad de la concentración injusta e indecente de recursos, que produce acumulación de pobreza y desigualdad, ya sea al interior de los países o entre éstos.

EN QUINTO LUGAR, demandamos una política de materias primas justa y sostenible entre la UE y CELAC.

Ante el auge de las inversiones en actividades extractivas en América Latina y el Caribe (ALC), se está generando una creciente preocupación sobre sus consecuencias sociales y ambientales. Las actividades extractivas, incluyendo la minería metalífera, la extracción de hidrocarburos y la biomasa, se están expandiendo y trasladando hacia nuevas y remotas áreas, a menudo habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Estas actividades tienen profundas consecuencias. Por un lado, generan mayores ingresos económico, puestos de trabajo e infraestructuras, así como ingresos para los gobiernos, que son parcialmente orientados a financiar programas sociales. Por otro lado, estos proyectos dañan la naturaleza y los medios de vida locales, consumen grandes cantidades de energía y agua, y producen grandes cantidades de residuos. Muchas comunidades reclaman que sus necesidades e inquietudes sobre los impactos negativos de las actividades extractivas no son suficientemente tomadas en cuenta, por lo que se incrementa la resistencia local. Los marcos regulatorios e institucionales existentes, incluyendo los mecanismos de consulta, no resultan adecuados para prevenir y solucionar estos problemas.

En estos últimos años las industrias europeas presionaron a la instituciones de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros “Para una política de materias primas estratégica e integral” con acceso ilimitado a las materias primas, exhortando a la Comisión Europea a “contrarrestar las limitaciones políticas en la seguridad de materias primas y configurar las condiciones marco en Europa de tal manera que las empresas puedan garantizar de forma autónoma su abastecimiento con materias primas”. Sin embargo, a la hora de concretar sus demandas, las industrias europeas no se han limitado simplemente al entorno general en la UE, sino que exigen más bien intervenciones políticas y estructurales de calado en terceros países para asegurar el acceso a materias primas. Entre las medidas exigidas se cuenta, por ejemplo, la prohibición para los países exportadores de materias primas de imponer derechos y gravámenes de exportación. Para aplicar esta demanda, los grupos de lobby de las industrias europeas proponen utilizar las negociaciones sobre acuerdos económicos, comerciales y de cooperación y llegan incluso a exigir que la reducción de limitaciones a la exportación sea una condición para garantizar preferencias comerciales dentro del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea (UE). Según la patronal europea BusinessEurope y sus organizaciones miembros, en el marco de la cooperación al desarrollo deberían mejorarse las condiciones de inversión para inversores europeos en el sector de las materias primas y enlazar las medidas de cooperación con los proyectos de inversión de las empresas alemanas y europeas.

Nos preocupa enormemente, que la UE (con el consentimiento y apoyo del Gobierno español) desarrolla la estrategia para la política de materias primas, en estrecha colaboración con la industria europea, sin considerar las obligaciones internacionales en Derechos Humanos, Medioambiente y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Denunciamos que la estrategia para la política de materias primas de la UE tiene como objetivo liberalizar por completo el comercio global de materias primas y eliminar los instrumentos de gestión de inversiones en los países exportadores de materias primas.

En el marco de la cooperación al desarrollo y la estrategia para la política de materias primas de la UE, los Jefes de Estado y de Gobierno se pone como meta crear en los países socios un “clima favorable a las inversiones” del que pueda beneficiarse la industria europea. Se prevé entrelazar estrechamente objetivos de la política exterior, económica y de desarrollo en el seno de unas denominadas asociaciones para materias primas con países en desarrollo.

Exigimos que haya un debate público sobre la posición española en relación a la iniciativa de las materias primas de la UE, y que se haga con la participación de las comunidades afectadas y las organizaciones sociales que llevamos años denunciando los crimenes del sector minero en América Latina. Objetamos cualquier iniciativa con la que la UE quiere conseguir a nivel bilateral, en el marco de los acuerdos comerciales, de asociación y de asociación económica, y multilateral, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, la reducción de limitaciones a la exportación (derechos de exportación, cuotas, etc.) y una mayor protección de las inversiones directas procedentes de la UE en los países exportadores de materias primas.

Con la firma de tratados comerciales y de inversión, la UE pretende silenciar la postura de varios países de América Latina y el Caribe que se oponen a los objetivos de negociación de la UE y defienden sus márgenes de maniobra en materia de política de recursos naturales. Algunos de estos países exportadores de materias primas aplican derechos y limitaciones de exportación para generar ingresos estatales, influir en la fijación de precios, lograr ventajas competitivas para las industrias nacionales y permitir el desarrollo de cadenas de producción de valor agregado en su mercado interior.

La extracción y la comercialización de materias primas muchas veces causan fracturas sociales, van acompañadas a menudo de violencia y originan o avivan situaciones de conflicto y de guerra en los países exportadores de materias primas.

Rechazamos rotundamente una política de materias primas que viole Derechos Humanos, Derechos Sociales, Económicos y Culturales o que fomente conflictos bélicos y guerras civiles. Desaprobamos de forma más enérgica la idea contenida en las directrices en materia de política de defensa de la UE, según la cual el acceso de la industria europea a materias primas y a sus vías de distribución es un interés de seguridad europea, que puede lograrse en último término también por vía militar.

Instamos al Gobierno español a que:

1. retire su apoyo a la estrategia para la política de materias primas de la UE y elabore en un proceso transparente y abierto un nuevo enfoque en este ámbito que

– no tenga como objetivo el acceso de la industria española y europea a todavía más materias primas que se encuentren o sean producidas en terceros países,

– esté encaminado a la reducción del consumo de recursos,

– apueste por un abastecimiento energético municipalizado, descentralizado y cercano al consumidor de energías renovables y por la independencia de fuentes de energía fósiles,

– aplique las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y que asuma las obligaciones de Estado extraterritoriales derivadas de los derechos económicos, sociales y culturales,

– se comprometa en este sentido a respetar y proteger los derechos humanos, a cumplir los estándares ecológicos, sociales y laborales, así como a prohibir la especulación con materias primas para las empresas españolas que inviertan en el sector de las materias primas,

– descarte que el comercio con materias primas produzca, alargue o apoye conflictos violentos en el país productor de materias primas y prevea, en caso de conflicto, la aplicación en las regiones afectadas únicamente de métodos civiles de solución de conflictos para permitir una salida pacífica al mismo,

2. implique activamente a organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y ecologistas en la elaboración del nuevo enfoque para la política de materias primas y que tenga en cuenta especialmente las demandas redactadas por la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental (Río de Janeiro, 2012), el Mandato Alternativo para el Comercio de la UE, la Alianza “Economía Verde, Futuro Imposible” y la Resource Cap Coalition;

3. desligue proyectos de la política de desarrollo de los intereses de la industria española por acceder a materias primas y, en su lugar, enfoque la cooperación hacia la justicia social y económica en los países del Sur, la lucha contra la pobreza y el hambre, la consecución de la soberanía alimentaria de estos países y la protección de los recursos naturales;

4. abandone en este sentido el objetivo de asociaciones “estratégicas” para materias primas;

5. apoye, mediante transferencia tecnológica, la diversificación económica en los países dependientes de las exportaciones de materias primas;

6. rechace la política negociadora de la Comisión Europea que enlaza las negociaciones con países del Sur sobre acuerdos de asociación económica y otros acuerdos comerciales con los acuerdos de protección de inversiones, en los que se prevé una amplia liberalización de la política de inversión;

7. abogue por una política de inversión de la UE alternativo y favorable a la justicia social y ambiental y apoye activamente la creación de un tribunal internacional en el seno de las Naciones Unidas para investigar, juzgar y sancionar a las empresas que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos y/o los DESC;

8. abogue por la derogación de los acuerdos comerciales de la UE con los países latinoamericanos y caribeños por atentar gravemente contra los derechos humanos y la protección medioambiental;

9. abogue en el seno de la UE por que la reducción de gravámenes de exportación y otras limitaciones a la exportación no sigan siendo el objetivo de la Comisión Europea en las negociaciones con países de la CELAC;

10. retire la amenaza de vincular el acceso de los países de la CELAC al SPG+ con su disposición a eliminar las limitaciones para la exportación de materias primas y rechace lo formulado al respecto en la propuesta de la Comisión Europea del 10 de mayo de 2011 sobre la reforma del SPG (Artículo 19d, COM(2011) 241 final);

11. abogue por la reducción drástica y paulatina de la extracción de materias primas evitando impactos sobre el medio ambiente;

13. apoye modelos como el proyecto ecuatoriano ITT que unen el abandono a explotar materias primas extractivas con pagos de reparación de la deuda ecológica (y compensatorios por los ingresos no generados) en favor de la justicia social social y económica del país en cuestión;

EN SEXTO LUGAR,

denunciamos que la libertad en el movimiento global de capitales y la ausencia de regulación y control público sobre la especulación financiera de las corporaciones de las finanzas ha originado el crash global que actualmente vivimos, y que ha hecho aflorar una crisis económica, social y ecológica sin precedentes. Aún así, se inyectan presupuestos públicos millonarios a las mismas entidades financieras que se han beneficiado de esta liberalización y desregulación y que los están utilizando para sanear sus cuentas. Además, la crisis es la excusa para avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de los bienes comunes y la apertura de puertas al capital transnacional para que pueda controlar numerosas cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía. De esta forma, la crisis capitalista no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, a la vez que está produciendo estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.

El poder económico está aparejado a un gran poder político, hasta tal punto que los Estados identifican los intereses de las mayorías sociales con los intereses de los consejos de administración y de los principales accionistas. En este contexto se promueven todas aquellas medidas que favorezcan los beneficios privados, aunque sea a costa de la vulneración de los derechos humanos. Además, las multinacionales cuentan con un fuerte blindaje jurídico que, a través de tratados bilaterales, regionales e internacionales de comercio y de inversiones, defiende internacionalmente sus intereses. Incluso en el caso de tener conflictos con Estados, por sus inversiones o las condiciones del contrato firmado, disponen de tribunales que pertenecen a instituciones como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial cuyas decisiones históricamente han favorecido a las compañías multinacionales. Es lo que se ha definido como el nuevo Derecho Comercial Global o lex mercatoria.

En definitiva, el actual modelo económico y social somete los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones y los bancos transnacionales. Las consecuencias de subordinar los derechos fundamentales de las personas a los intereses de las empresas transnacionales son tremendamente graves porque, a pesar de los discursos institucionales que califican a las multinacionales como agentes de desarrollo, a medida que estas empresas controlan más servicios y bienes sus impactos, lejos de reducirse, crecen. Las denuncias de cada vez más organizaciones sociales, campesinas, políticas, sindicales, ecologistas, de mujeres, indígenas reflejan que la violación de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales no son puntuales ni son fruto de alguna mala práctica, sino que son sistemáticas y responden al funcionamiento de la actual fase del capitalismo.

La ausencia de un estricto control de las transnacionales en materia de derechos humanos y de un tribunal que pueda juzgarlas genera una enorme impunidad de estas compañías, así como la invisibilización de las víctimas que sufren los impactos sociales, ambientales, culturales, sobre los derechos humanos… Ante esta situación los movimientos sociales, sindicales, políticos y las propias comunidades afectadas han organizado tribunales populares para señalar a los culpables de la violación de los derechos humanos y demandar justicia. En estos tribunales se ha constatado el carácter estructural de los impactos, además de visibilizar la hipocresía con que actúan los gobiernos y las empresas transnacionales al defender sus intereses con una lex mercatoria hecha a su medida, mientras ignoran los convenios sobre los derechos humanos.

La Red Birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando Alternativas” y la Fundación Lelio Basso organizaron tres audiencias continentales que tuvieron lugar en paralelo a las cumbres de presidentes y jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe que se realizaron en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010). En todas ellas, se abordaron los efectos de las políticas neoliberales y de las transnacionales europeas en América Latina, y decenas de testigos y expertos expusieron ante el tribunal cómo se ha venido desarrollando la entrada de las grandes corporaciones en la región y qué ha significado para las poblaciones y los ecosistemas locales.

A fecha de hoy seguimos esperando una respuesta oficial del Gobierno español a la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sesionado en Madrid en mayo de 2010 y que le fue notificado.

Hoy, las inversiones y la presencia de las multinacionales españolas en América Latina están asociados al deterioro de la calidad de vida y la dignidad de la población y han generado graves impactos sobre:

1) Los derechos laborales: la entrada de transnacionales españolas en América Latina ha tenido como consecuencia numerosos despidos, como lo demuestra la entrada de los grandes bancos españoles en Colombia. Por ejemplo, en 1997 el Santander tenía 4.400 empleados en su filial colombiana y siete años después ya sólo disponía de 950 trabajadores en plantilla. Esta misma situación se ha dado con la llegada de Iberdrola a Bolivia, de Repsol a Argentina y de Telefónica a Perú. El avance de las transnacionales ha agravado la precarización de las condiciones de trabajo, los bajos salarios, la subcontratación masiva y la discriminación en el trato a las mujeres. En Centroamérica, esto explica que el 72,8% de la población no tiene cobertura de seguridad social y el 24,5% no tiene ni siquiera cobertura de los servicios de salud. Además se vulnera sistemáticamente el derecho a la libertad sindical.

2) El medio ambiente: la actividad de las multinacionales, especialmente aquellas de los sectores de la energía y minería, han generado un fuerte deterioro ambiental. Destacan dos ejemplos: Repsol ha sido denunciada por contaminar el territorio mapuche en Argentina y por operar en el Parque Nacional Yasuni (Ecuador), zona declarada reserva de la biosfera e Iberdrola participa en el proyecto Belo Monte en Brasil (a través de Neoenergía) y en la construcción de megacampos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (México) violando los derechos de los pueblos indígenas. Los impactos de la industria extractiva están siendo especialmente graves, en Perú la minería ocupa más del 17% de su territorio y, por lo tanto, numerosos ecosistemas de gran valor aparecen hoy en día fuertemente presionados por la expansión minera ya sean páramos, sistemas de lagunas, nacimiento de ríos, etc. Además, el 64% de los conflictos socioambientales que tienen lugar en el país andino están causados por las transnacionales mineras.

3) Los derechos de los pueblos indígenas: los grandes proyectos energéticos y de infraestructura destruyen los territorios indígenas y generan desplazamiento. La asimetría de poder hace que se viole de forma sistemática el derecho a la consulta previa, libre e informada contemplada en el Convenio 169 de la OIT en los diferentes países donde se extraen hidrocarburos, minerales y electricidad. El gobierno de Perú afirmó que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”, contraponiendo así los derechos de los pueblos indígenas con un supuesto interés nacional. El situar la explotación de recursos naturales, situados en territorios indígenas, como una cuestión de interés general ampara los impactos de las transnacionales extractivas en esta población. Por ejemplo, la actividad de Repsol ha afectado a los pueblos ashaninka y shipibo en Perú, al pueblo mapuche en Argentina y hasta 17 resguardos indígenas en Bolivia.

4) Los derechos sociales: la deficiente gestión del servicio eléctrico que empresas como, por ejemplo, Unión Fenosa han hecho en diferentes países de América Latina han vulnerado los derechos económicos, sociales y culturales de la población más vulnerable. En Guatemala, Nicaragua y Colombia esta multinacional española ha sido denunciada por sobrefacturación, cortes masivos de luz, racionamientos, carencia de atención en las zonas rurales, apagones y electrocuciones. En consecuencia un amplio sector de la población ha visto limitado su derecho al acceso de bienes básicos para una vida digna como son el agua potable y la electricidad.

5) Los derechos civiles y políticos: las comunidades opositoras a las operaciones de las transnacionales son frecuentemente reprimidas por la fuerza pública o por milicias paramilitares. La represión se traduce en amenazas a la integridad física de las comunidades y del personal trabajador que llega, en ocasiones, a materializarse en torturas, desapariciones y asesinatos. Es lo que ha sucedido con diferentes líderes comunitarios colombianos de las regiones de Arauca y del Valle del Cauca que se oponían, respectivamente, a las actividades de Repsol y Unión Fenosa. También ha ocurrido con líderes indígenas en Oaxaca frente a los megacampos eólicos y con los líderes sindicales, campesinos e indígenas que han protestado contra Unión Fenosa e Hidralia Energía en Guatemala.

La autoría, la coautoría, el encubrimiento, la instigación y la complicidad son diferentes formas de participación criminal de los Estados, las instituciones internacionales y las transnacionales en la violación de los derechos humanos. En este sentido, conviene identificar las responsabilidades de cada uno de estos actores y proponer las exigencias necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mayorías sociales.

Los gobiernos, tanto de los Estados receptores como de aquellos donde se localizan las sedes matrices de las transnacionales, son responsables de la violación de los derechos humanos que cometen las grandes corporaciones. Son éstos gobiernos los que aprueban las políticas de desregulación de los derechos sociales y laborales, crean leyes que priorizan las inversiones extranjeras sobre cualquier política pública, firman tratados de libre comercio e inversiones y favorecen la ausencia de instituciones y mecanismos de control público.

Por ello exigimos a los Estados y a las organizaciones internacionales de las que forman parte (Unión Europea, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional):

• Situar a los derechos humanos en la cúspide de la pirámide normativa. En este sentido, deben someter las normas sobre inversiones y comercio al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

• No ratificar ningún tratado comercial o de inversiones propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos.

• Abandonar el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

• El derecho a la alimentación, la salud, la educación, etc. deben quedar fuera de las transacciones comerciales. Además, el derecho a la propiedad debe ser limitado y sometido al interés general.

• Eliminar la financiación pública, exenciones y créditos a bajo interés para la internacionalización de las empresas si éstas han sido denuncias por violación de los derechos humanos por parte de organizaciones sociales.

• Hay que prohibir los lobbys, los paraísos fiscales, las agencias privadas de calificación, limitar las concentraciones y fusiones de capital, impedir que los cargos públicos se incorporen a los consejos de administración de las empresas transnacionales (las llamadas puertas giratorias), nacionalizar la banca y prohibir todos los mecanismos que potencian las inversiones especulativas.

• Establecer mecanismos para la extraterritorialidad en las responsabilidades de las multinacionales por la violación de derechos humanos. Es necesario responsabilizar a la empresa matriz por las actividades realizadas en el extranjero.

 EN SÉPTIMO LUGAR, exigimos un apoyo claro a los diálogos de paz en Colombia.

Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la cooperación al desarrollo, al ejercicio de la solidaridad entre los pueblos y a la defensa de los derechos humanos, saludamos las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, para la búsqueda de una Paz definitiva y duradera que acabe con el conflicto social y armado interno que aflige a la población civil desde hace más de 50 años.

Pensamos que se deben abordar en el proceso las causas profundas del conflicto armado: la inequidad y falta de justicia social, la masiva usurpación de la tierra a los campesinos y su acumulación por grandes propietarios, la falta de garantías democráticas para la población, la violación sistemática de todos los derechos humanos y la impunidad de los victimarios.

Saludamos el importante papel jugado por la sociedad civil colombiana en la búsqueda de la paz y construcción de acuerdos humanitarios que la hagan posible, sin cuyo trabajo e impulso no se habría llegado a este momento de dialogo, tarea en la que demasiadas veces las organizaciones y movimientos sociales han tenido que vencer incomprensiones e injustas descalificaciones así como la criminalizaciòn de sus anhelos de paz.

Pedimos la apertura de una Agenda Social en las conversaciones, en cuya discusión pudieran intervenir las organizaciones sociales colombianas, que tanto han padecido el conflicto y sus causas.

Solicitamos al Gobierno español que presione al Gobierno de Colombia con el fin que las partes negociadoras avancen urgentemente en el fin de las hostilidades mientras se adelantan las conversaciones de paz, con el fin de cesar los padecimientos de la población civil afectada por el conflicto. Entendemos imprescindible para que avance el proceso de negociación, alcanzar un Cese al fuego y de las hostilidades y subsidiariamente un Acuerdo Especial basado en el derecho humanitario. El Acuerdo Especial humanitario, conforme contemplan los convenios sobre ius in bellum, hará prevalecer el entendimiento sin que nada amenace el proceso de terminación del conflicto y la consecución de la paz, además de resultar para las partes beligerantes una obligación respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección e integridad de los civiles que habitan los territorios en conflicto armado.

Constamos que desde el pasado mes de septiembre de 2012 numerosas comunidades indígenas, negras y mestizas habitantes en zonas de conflicto se han dirigido a los beligerantes solicitando de forma apremiante que se pactara un Cese Bilateral de hostilidades. En el tiempo transcurrido desde el anuncio de las conversaciones, estas mismas comunidades han sido afectadas en su vida, en su integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados con ametrallamientos y bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos civiles han muerto o han quedado heridos. A esa solicitud se han ido sumando más y más familias y comunidades que padecen las graves infracciones al derecho humanitario y en general los efectos del conflicto armado.

El Gobierno español debe usar todas las medidas a su alcance para solicitar que se aborde al menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues hasta ahora la debida aplicación general protectora del Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II adicional de 1977 no han sido suficientes para acabar con la barbarie del conflicto.

Urgimos al Gobierno español que solicite un tratamiento conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos para las prisioneras y prisioneros por causas políticas, opinión o a causa del conflicto armado que actualmente soportan condiciones de reclusión en las cárceles colombianas absolutamente contrarias a las normas internacionales aplicables a las personas privadas de libertad. Asimismo debe exigir al Gobierno de Colombia generar las mínimas garantías políticas que en democracia deben tener la oposición, pidiendo el cese de la estigmatización a la protesta social y de su señalamiento como “terroristas”, acompañado del establecimiento de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Declaramos que ningún camino hacia la paz puede transitarse sin conocer la verdad, alcanzar justicia y reparar a las víctimas de los muchos crímenes contra la humanidad sufridos por el pueblo colombiano durante los años de conflicto y que se siguen sufriendo. La impunidad de los responsables de esas graves ofensas contra la humanidad es incompatible con la resolución del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Nos referimos a aquellos crímenes respecto a los cuales, según los principios del derecho internacional aplicable por las naciones civilizadas, no cabe amnistía ni indulto, ni les alcanza la prescripción, por tratarse de crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto

Ponemos de manifiesto la grave injerencia que en España han supuesto las actuaciones ilícitas de las autoridades colombianas contra refugiados colombianos, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, delitos que de forma sistemática se han venido ejecutando en nuestro país, y en Europa, por funcionarios públicos colombianos. Entre 2005 y 2012 al menos España y Bélgica fueron vigilados ilegalmente por la fuerza policial dependiente de la Presidencia de la República de Colombia, el DAS, que recientemente fue declarada organización ilegal por los tribunales colombianos y disuelta por el actual Presidente, Dr. Juan Manuel Santos.

Constatamos que interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, coacciones y difamaciones contra exiliados y defensores de derechos humanos se han realizado impunemente y durante años en España ante la sorprendente inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad españolas.

Llamamos a la Unión Europea y a los Estados que la conforman, en especial a los que en otros procesos de paz han participado como países acompañantes, garantes o amigos, a que recapaciten y reformulen las erróneas políticas que en los últimos años, en especial desde el año 2002, han llevado adelante respecto al conflicto armado colombiano. La criminalizaciòn del conflicto y de las organizaciones insurgentes por parte de la UE y de la mayoría de países que la integran, la reducción analítica del complejo conflicto político colombiano a un simple problema de orden publico y terrorismo -con la inclusión de las organizaciones rebeldes beligerantes en las “listas” de organizaciones terroristas de la UE y la judicialización de distintos activistas de la solidaridad con Colombia españoles y de otros países europeos-, han sido la causa de la perdida de la UE de su papel de mediadora y la consiguiente exclusión de la UE y los países que la integran de los mecanismos políticos y diplomáticos de acompañamiento y facilitación del actual proceso de diálogo.

Firman:

Ecologistas en Acción

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