La ILP de la PAH NO SE TOCA

Hace varios días se aprobó a trámite parlamentario la petición realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con el apoyo de más de un millón de firmas, que por encima de todo exige la instauración inmediata de la dación en pago retroactiva para paliar los efectos de los desahucios, y ofrecer a la gente una segunda oportunidad que evite su exclusión social. El esfuerzo de esta iniciativa, con un recorrido de más de un año y sin apenas medios, y que ha movilizado a casi un millón y medio de personas, se pretendía rechazar de un plumazo, y ha sido sólo la acción directa, la movilización permanente de las personas, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar de estrategia.

Pero nos tememos que esta estrategia sólo ha cambiado en su estética. Creemos que el objetivo del Parlamento es el de rechazar la ILP en el debate o manipular y tergiversar su contenido, limitar sus exigencias e impedir la dación en pago, amparando de esa forma la estafa, la de las sobretasaciones, la de conceder créditos hipotecarios impagables sin supervisión en los que todo el riesgo lo asumen las familias, la de permitir intereses abusivos basados en indicadores falseados… estafas que generan la injusticia que supone el que muchas personas tras perder su casa queden además condenadas de por vida a pagar una deuda injusta, mientras la vivienda sí queda liberada para la venta, y que nos afecta a todos directa o indirectamente. Porque de todo esto es cómplice el Gobierno actual y sus precedentes, con sus leyes como las del suelo y la hipotecaria, abocando con sus políticas a muchas personas a la miseria al permitir todavía más estafas, como las preferentes o las venta fraudulenta de cédulas hipotecarias, o jugando con los ahorros de nuestos mayores y con la hucha de las pensiones. Y todo para intentar salvar de la quiebra a los bancos, cuando ya en el tratado de Lisboa (art. 123) les tiraba un salvavidas atado a nuestro cuello, un rescate del que nos pasa la factura a todos, la factura que nos cuesta su festín y el de las élites económicas que representan y pretenden que paguemos en salud, en educación y en todo lo lo común, lo nuestro.

Es inadmisible que la iniciativa no pueda prosperar sin apoyo parlamentario y no pueda finalizar, si el Parlamento la rechaza, en referéndum vinculante. Porque en las actuales condiciones se trata de una mera petición colectiva. Las Iniciativas Legislativas Populares en España no conducen a referéndum vinculantes, están vetadas a leyes orgánicas, no pueden ser defendidas con unas mínimas garantías en el Congreso, más allá de lo que se ha hecho, y no pueden de ninguna forma denominarse Iniciativas Legislativas Populares. Gracias a la negación expresa constitucional de esta libertad política, los parlamentarios podrán desoír una vez más la voz del pueblo y seguir adelante con la terrible injusticia de los desahucios. Poco o nada podemos esperar de un sistema político en el que todo depende de la voluntad de los representantes, que mantiene la voluntad popular secuestrada. Hay que exigir en las calles que sea cual sea la opinión del Parlamento, la ILP sea votada en referéndum vinculante.

Las PAH y las diferentes asambleas de vivienda consiguen cada día muchas cosas mediante la acción directa, logran paralizar numerosos desahucios físicamente, ocupan Bankia, o se personan masivamente en las oficinas bancarias, defendiendo a los afectados y reubicando familias. Cuando sin embargo pide algo al sistema, a ver si al fin hacen algo bueno desde arriba para los de abajo, el éxito siempre es incierto, depende de los intereses de los que dicen representarnos. La realidad es que esta gente no nos representa, representa al capital. Lo llaman democracia, y no lo es.