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Como es sabido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente una sentencia donde pone de manifiesto la ilegalidad de la ley hipotecaria española, lo que ya le veníamos diciendo las personas de todas las maneras posibles, la última de ellas la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es ahora, a raíz de esta sentencia y no antes, cuando los gobernantes de España han reconocido algún “desajuste” en una maquinaria represiva que hasta entonces habían calificado como una de las mejores del mundo, y una vez más, han dicho “sí, bwana” al rapapolvo que la sentencia implica, con las lógicas reservas de la interpretación regresiva que hagan de ella. Esta sentencia, y la actitud con la que se actúa por parte del Gobierno, no es que sea vergonzosa, simplemente elimina cualquier vestigio de legitimidad que éste pudiera tener, ratificando esta vez de forma jurídica buena parte de los múltiples abusos a los cuales nos vienen sometiendo desde hace muchos años, y que desde múltiples colectivos se han venido denunciando reiteradamente. Al mismo tiempo que legitima la labor de estos colectivos, que no vienen siendo escuchados sino más bien reprimidos por las élites que nos desgobiernan.
Esto nos demuestra una vez más que los gobernantes están preocupados exclusivamente por “su” Europa, en vez de estar preocupados por las demandas que desde la población les hacemos con todos los medios a nuestro alcance para que se den por aludidos y se pongan a trabajar para resolver los problemas que nos afectan, publicando en las redes sociales o realizando manifestaciones de todo tipo y en cualquier lugar para visibilizar nuestro rechazo a sus imposiciones. Hasta ahora han hecho oídos sordos a todas estas movilizaciones, y desgraciadamente seguirán haciéndolo, sobre todo si no se pone encima de la mesa la pregunta de por qué se hace caso a lo que se dice desde fuera y se ignora, ningunea y criminaliza lo que se reivindica desde dentro, aunque sea la misma materia y argumentación. No pueden seguir escudándose en haber recibido un número de votos que, aunque en su momento fuera el pronunciamiento más votado a favor de una opción concreta, enseguida se tornó fraudulento porque traicionaron a quienes les votaron. Pero además, aunque no les guste, tienen la obligación de velar por los intereses de todos los habitantes, sean o no de su ideología. Al final, han traicionado a los unos y a los otros, ya que sólo saben mirar a lo que piensan fuera de las fronteras, y son su único referente, son los únicos a los que tienen interés en contentar, y actúan en función de lo que desde fuera se les dicta. Y aunque nos quieren hacer creer lo contrario, no suelen hacerlo a disgusto, ya que al fin y al cabo, en ambos casos son políticas neoliberales, pero en dos puntos de poder distintos, dos perros con el mismo collar y el mismo amo: el capital.
Esto tiene además, por si fuera poco, especial agravante, ya que se supone que han jurado fidelidad a España y a la Constitución Española, y ésta consagra la “voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”. Además de este principio que han jurado defender, desde el tratado de Lisboa en 2008, los gobernantes han traicionado sistemáticamente la soberanía que debería existir en cualquier estado democrático al dar preferencia a entidades, no ya extranjeras, sino que además sus decisiones, estructura, componentes, etc, no están sometidos a elección ni control democráticos.
Estos suplantadores de la voluntad popular no merecen ni el dinero con que se financian gracias a nuestros impuestos, bien en forma de sueldos directos, bien en forma de subvenciones a sus partidos y fundaciones satélite. No pueden seguir imponiendo los intereses de los poderosos a los intereses generales porque crean que esa postura perjudica al sistema financiero. ¡Claro que le perjudica, porque se trata de poner fin a los abusos que llevan ejerciendo de forma impune desde hace muchos años y terminar con ese abuso de poder! Cualquier supuesto representante de la voluntad popular que no entienda que hay que construir una sociedad justa, exenta de abusos de poder y que vele por el interés de las personas, no tendrá legitimidad como tal. Las sociedades democráticas se construyen desde dentro, de abajo a arriba, y no desde afuera y mirando de arriba a abajo con desprecio a quienes no tienen cierto poder económico o simplemente no comparten sus postulados.
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