La consulta popular de la sanidad es legítima

En el conflicto creciente en materia de sanidad en Madrid, tras meses de desprecio absoluto por parte del gobierno autonómico a las argumentaciones y posteriores movilizaciones de los colectivos sanitarios y la población, la marea blanca ha dado una nueva lección de legitimidad democrática frente a la actitud autoritaria del gobierno, empeñado en imponer la conversión de la sanidad en un negocio monopolizado por empresas privadas cuyos beneficiarios no son sino sus amigos patrocinadores. Frente a la reivindicación de las personas de mantener el espíritu público, universal y de calidad del servicio, la posición del gobierno ha sido totalmente criminalizadora y opaca, nunca ha aportado ningún informe de viabilidad, ni técnico ni económico, esgrimiendo únicamente argumentos manipulados y caciquiles para seguir aumentando el “adelgazamiento” de los servicios y así poder continuar malversando nuestro dinero en la gestión de nuestros bienes comunes. Como suele suceder, tras las personas que se movilizan dando lugar a la marea blanca hay muchas más que apoyan decididamente la sanidad pública y se oponen a su desmantelamiento, aunque no quieran o puedan manifestarlo abiertamente. Y en muchos de estos casos se trata de los propios votantes del PP, que ya se habían manifestado en contra de esta privatización, declarando abiertamente que se sienten engañados y ante medidas semejantes no volverán a votarles. La estrategia privatizadora por tanto o bien no iba en su programa, o si iba no estaba explicada de forma clara y transparente, haciendo uso del axioma del parlamentarismo que siguen a rajatabla “la verdad pierde siempre las elecciones”.

Ante esta situación, la consulta popular aparecía como la única salida democrática para mostrar la legitimidad de las reivindicaciones del colectivo sanitario, una consulta que por supuesto el gobierno no ha tenido intención de hacer en ningún momento para no quedar en evidencia. Finalmente, y tras intentar torpedearla durante su celebración, poniendo toda clase de impedimentos a las mesas de recogida de votos, tras seis días de trabajo voluntario, sin coste alguno para el contribuyente y con prácticamente ninguna difusión en los medios, se han recogido casi 1 millón de votos, de los cuales más del 99% contestan SÍ la pregunta “¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?”, repartiendo el resto entre los “NO”, blancos y nulos. Para poner la iniciativa en su justo contexto, señalamos que la injusta mayoría absoluta del actual gobierno de Madrid recibió algo más de millón y medio de votos, el 33%, con una abstención del 34%, a lo que habría que sumar otro casi 3% de votos nulos y blancos, y luego sumar el resto de votos a partidos que están en contra de la medida del gobierno.

Evidentemente, y de manera totalmente mezquina, el poder intentará desprestigiar ahora con cualquier argumento frívolo y sectario este ejemplo desgraciadamente inaudito de democracia participativa. En este régimen autoritario, permitir que la población manifieste su opinión de forma responsable en un asunto que es de su interés y le afecta es considerado cuando menos un insulto a la cúpula parlamentaria, que se encumbra no ya sólo en “representantes de la voluntad popular”, sino en “depositarios de la soberanía”. Hay que resaltar que la consulta no ha sido una iniciativa de una organización cerrada o sectaria, sino un proceso abierto a todo aquél que manifestara interés en participar, ofreciendo una transparencia absoluta mediante procesos asamblearios en su gestación, publicando posteriormente todos los detalles de las mesas, sus votos y cualquier cuestión relacionada con el proceso. No es razonable por tanto el argumento de considerar la consulta ilegítima y no haber participado por el simple hecho de que no ha sido el Gobierno quien lo ha hecho: ¿Creen acaso quienes no quisieron votar que si el Gobierno organizara una nueva consulta, esta vez “legítima”, ese casi millón de personas cambiaría de opinión? ¿Qué motivo legítimo para no participar puede alegar quien no ha participado, salvo desconocimiento o imposibilidad física?

Existe aún otro posible argumento del poder para tratar de deslegitimar la consulta: la alta abstención, que demostraría el rechazo de la mayoría. Sin embargo, en el caso de legitimar y contabilizar la abstención (cosa que no se hace en los procesos electorales al ir contra los intereses de los partidos), el gobierno de Madrid debería considerarse ilegítimo y ser cesado automáticamente, ya que como se ha comentado antes, la abstención superaba en número a los votos obtenidos por el Gobierno, no digamos tras sumar los votos de los partidos que rechazan la postura. Es por tanto una lógica aplicable por igual al Gobierno central, donde la situación es prácticamente idéntica, ya que el actual gobierno obtuvo poco más del 30% de los votos.

Como resultado, el único análisis racional posible de todo lo acontecido es que la población ha vuelto a manifestar que está en contra de la privatización, y lo ha hecho de forma democrática en un proceso libre y abierto. Por ello, exigimos que cesen inmediatamente las políticas de privatización de los distintos servicios públicos y que se respeten y se tengan en cuenta las opiniones de los colectivos de profesionales implicados, que son ellos los que conocen su profesión mucho mejor que cualquier político puesto a dedo, y no al revés. Si los mandatarios fueran verdaderos demócratas, darían marcha atrás en sus pretensiones y respetarían la voluntad del pueblo expresada democráticamente, e incluso podrían ir aún más allá, presentando su dimisión, una vez demostrado su carácter antidemocrático, ya que cada vez es más evidente y numeroso el rechazo a sus políticas.

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Política a Corto Plazo, Acampada Sol, 15M
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