El gdt de política internacional 15M, Madrid apoya el documento y difunde
Guatemala: La Corte de Constitucionalidad niega justicia a las víctimas y sobrevivientes del Pueblo Ixil y demás Pueblos Indígenas de Guatemala.
Ante la decisión de la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD de anular la sentencia contra Ríos Montt responsable de actos de genocidio cometidos contra el Pueblo Ixil, nos unimos al pronunciamiento de las organizaciones guatemaltecas que manifiestan:
1. El 10 de mayo del año 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo emitió la sentencia contra el general José Efraín Ríos Montt, por genocidio y deberes contra la humanidad en el Pueblo Ixil, después de conocer la declaración de 98 testigos, más de 50 peritos incluidos militares, 606 certificaciones de defunción de las víctimas de 17 masacres y los estudios científicos de 420 osamentas y de los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía.
2. La sentencia corresponde al genocidio que sufrió el Pueblo Ixil explicado con dignidad por las víctimas y sobrevivientes y con valentía por profesionales, académicos y expertos nacionales e internacionales, hombres y mujeres, ante los tribunales y ante el mundo. También corresponde a los criterios establecidos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio adoptada en Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, en vigor desde el 12 de enero de 1951 y firmada por Guatemala el 13 de enero de 1950.
3. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el 20 de mayo del año 2013, anula dicha sentencia contra el genocidio. Dos de los cinco Magistrados de la CC, Mauro Roderico Chacón Corado y Gloria Patricia Porras Escobar han dejado constancia de su “disidencia” argumentando que es “una incidencia más” dirigida a entorpecer el trámite normal del proceso y evitar la sentencia. Los otros tres Magistrados votaron a favor de los militares responsables del genocidio que sufrió el Pueblos Ixil.
4. La Corte de Constitucionalidad anuló la primera muestra de justicia del Estado para los Pueblos Indígenas de Guatemala en cientos de años durante los cuales han sufrido masacres y distintas formas de genocidio desde la invasión española. El sistema de administración de Justicia ha sido seriamente deslegitimado y sometido a los poderes económicos, militares y políticos que intentan negar el genocidio y que han mantenido el carácter elitista, racista, discriminador y excluyente del Estado de Guatemala.
5. La decisión de la Corte de Constitucionalidad, desafortunadamente ha sido utilizado por los grupos de ex militares, ex soldados y grupos de provocadores, con un claro propósito de venganza, para aumentar las amenazas contra los testigos, víctimas y sobrevivientes, la guerra psicológica y la criminalización del movimiento social y sus dirigentes así como la confrontación en distintas regiones del país, situación que destruye la paz que las Comunidades y Autoridades Indígenas y numerosas organizaciones sociales han venido construyendo durante los últimos años.
6. Ante esta situación, nos unimos a las Comunidades, organizaciones, sectores sociales, fuerzas políticas, mujeres y hombres, comprometidas y comprometidos en seguir exigiendo justicia para las víctimas y sobrevivientes del Pueblo Ixil y de los demás pueblos indígenas. La meta común es una Guatemala de dignidad y derechos para todos sus pueblos y sectores sociales y salir de la cultura colonial de abuso de poder, despojo de los recursos naturales del país, desprecio racista hacia los pueblos indígenas, exclusión e impunidad.
7. Pedimos a la Comunidad Internacional su apoyo para mantener la vigencia de los Acuerdos de Paz, la observancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el fortalecimiento del sistema de justicia de Guatemala.
ILEGAL FALLO DE LA CC
ATENTA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO
La sociedad guatemalteca y el mundo entero, nuevamente son testigos de la impunidad en el país. Los magistrados Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, resolvieron con lugar un ocurso en queja presentado por un abogado del general condenado por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
No es legal conforme a la legislación guatemalteca, que los magistrados antes mencionados, hayan resuelto en base a un ocurso de queja, ya que mediante ese recurso no pueden variar el fondo de las decisiones judiciales que ya han emitido, contradiciendo lo establecido en la ley y la jurisprudencia en el sentido de que no se puede regresar el proceso a fases ya concluidas, y hacen una tardía y extemporánea interpretación de lo actuado por el Tribunal.
La estrategia de la defensa del militar fue notoria, al presentar el día del inicio del debate un abogado que, de entrada, recusó al tribunal, conociendo de antemano la integración del mismo, por lo que el acto reclamado no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado patrocinante del ocurso, al conocer de antemano la integración del Tribunal a cargo del debate oral y público debió conforme a la ley inhibirse de ejercer la defensa del acusado.
Es importante resaltar que los dos magistrados que firmaron su voto disidente al no estar de acuerdo con la resolución, advierten de las graves consecuencias de esta ilegalidad para el sistema de justicia. Consideramos además que las consecuencias afectan el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones del país a nivel internacional.
¿Qué miedo le tienen al sistema judicial ordinario que cuenta con los recursos para resolver sobre las anomalías de forma o de fondo en cualquier proceso penal, que lleva a los magistrados mencionados a resolver contra derecho?
Con esta decisión se produce un gigantesco agravio a las víctimas y sobrevivientes que han creído en el sistema de justicia y han luchado por encontrar una respuesta contundente que hoy perversamente les niegan dichos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Esta resolución tiene un solo nombre: IMPUNIDAD. La misma, ratifica lo que hemos denunciado sobre la injerencia de grupos de poder que ponen e imponen sus intereses particulares por sobre los intereses nacionales.
Con su actuar ilegal y malicioso, estos magistrados generan un efecto devastador para el sistema de justicia. El genocidio contra el pueblo Ixil ha sido reconocido y condenado por un Tribunal Nacional que merece nuestro respeto. La historia se ha escrito, la verdad no podrá ser borrada, los nombres de la vergüenza que dieron cabida a la impunidad quedarán en la memoria del pueblo de Guatemala y, por generaciones, serán recordados los actos ilegales que permitieron la negación de Justicia.
SEGUIREMOS EXIGIENDO JUSTICIA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE LA LEY NOS PERMITE
Guatemala, 22 de mayo 2013
Asociación para la Justicia y Reconciliación AJR; Autoridades Ancestrales Maya de la Región Ixil; Asociación Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral Norte del Quiché; Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia, AMIVIR; Asociación Departamental de Jóvenes de Sololá Kaji Batz; Asociación para el Desarrollo y Rescate de Alta Verapaz, AJODER; Asociación Caja Lúdica; Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA; Asociación de Estudiantes la Escuela de Historia de la USAC; Asociación DARE; Asociación de Cristiana Jóvenes de Guatemala, ACJYMCA; Asociación CEIBA; Asociación Maya Ukux’ b’e; Asociación Expresión Juvenil, Quetzaltenango; Asociación Qanil de Quiché; Estudiantes Universitarios San Carlistas, Asamblea Estudiantil por la Reforma Universitaria; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP; Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras, AGIMS; Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala; Asamblea Departamental de Huehuetenango; Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG; Carolina Escobar Sarti; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH; Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH; Colectivo Nosotras las Mujeres; Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA; Centro Q’anil; Coordinadora de Mujeres Ixiles “Baxil B´atz”; Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda; Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Madrid; Comité Campesino del Altiplano, CCDA; Comité de Víctimas del Ixcán; Coordinadora Departamental de Juventud de Huehuetenango; Coordinadora Juventud por Guatemala, CJG; Coordinación Genocidio Nunca Más; Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej; Comité de Unidad Campesina, CUC; Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala, CONFREGUA; Familiares en Búsqueda de la Verdad y Justicia por las Víctimas del Diario Militar; Fundación Guillermo Toriello; Fundación Nueva Esperanza-Rio Negro; Foro de ONGS Internacionales FONGI; Fundación Rigoberta Menchú; Guatemala Human Rights Commission, GHRC; Hijos Guatemala; IBIS en Guatemala; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG; Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, DEMOS; Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES; Irma Alicia Velásquez; Julio Solorzano Fopa; Mujeres Transformando el Mundo, MTM; Movimiento de Jóvenes Mayas, MOJOMAYAS; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG; Puente de Paz; Pastoral Juvenil Diócesis de San Marcos; Proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESSA; Red Alternativa de Intercambio Solidario, RAIS; Red de la No Violencia contra las Mujeres, REDNOVI; Red Guatemalteca de Mujeres Positivas en Acción; Red de Organizaciones de Víctimas; Red de Jóvenes Ixiles “Chemol Txumb´al”; Seguridad en Democracia, SEDEM; Sector de Mujeres; Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud/ Fundación para la Juventud; Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, UNAMG; Úrsula Roldan; Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNSITRAGUA; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala, UDEFEGUA; Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC; Voz e Identidad Joven San Raymundo.
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