Basta de recortes de libertades.

BASTA DE RECORTES DE LIBERTADES.
La ofensiva represiva del gobierno de Rajoy es insaciable. No se conforman con todo el entramado jurídico que han heredado, como el Código Penal aprobado en 1995 (y ampliado y endurecido posteriormente); al que hay que sumar la “Ley Corcuera”, etc…. En los últimos meses, el P.P. está lanzando una batería legislativa para recortar derechos fundamentales; entre las que se encuentran la contrarreforma penal del ministro Gallardón, la draconiana “ley de Seguridad Ciudadana” impulsada por el ministro del Opus Dei Jorge Fernández Díaz, la Ley de Seguridad Privada,  y la amenaza de una “Ley de servicios mínimos” para cercenar el derecho de huelga.
Gallardón lleva tiempo, prácticamente desde que tomo la cartera ministerial, tratando de imponer una contrarreforma del Código Penal de amplio calado. Y aunque ha recibido serios varapalos, como el informe negativo de Margarita Robles, que recibió un amplio apoyo en el Consejo General del Poder Judicial; ha seguido en sus trece y no ha variado sustancialmente su idea original. La reinstauración de la Cadena Perpetua (camuflada bajo el eufemismo de “Prisión Permanente Revisable”) es un botón de muestra de su filosofía reaccionaria. Hay que recordar, que incluso durante el franquismo no existía esta figura, y su Constitución de 1978 la rechaza. Las faltas desaparecen, y buena parte de éstas pasan a ser delitos; con lo que se incrementará la población reclusa, ya de por sí abultada -prácticamente se ha septuplicado desde la muerte de Franco.

   La “Ley de Seguridad Ciudadana”, viene a endurecer la actual “Ley Corcuera”; y absorbe una porción de las faltas que desaparecen del ámbito penal, con lo cual crea una fuerte inseguridad jurídica -ya que la vía de recurso administrativa es menos garantista.

También el importe de las multas es desorbitado, muy por encima de las habituales condenas en juicios de faltas por hechos similares. A todo ello, hay que sumar las tasas judiciales-impuestas por el Ministro Gallardón- que suponen un obstáculo  importante a la hora de hacer valer judicialmente los derechos más básicos. Y como colofón, crea un “Registro Central de Infracciones” (que hasta el momento no existía oficialmente) para ir fichando “legalmente”, parecido a los antecedentes policiales.

  La “ley de Seguridad Privada” crea una gran inseguridad jurídica, porque -prácticamente- equipara las atribuciones de un guardia jurado con la de los miembros de las Fuerzas de Orden Público. Desde su aprobación, los primeros podrán identificar, cachear y detener sin necesidad de llamar a los segundos. En definitiva , un incremento sustancial del Estado Policial que sufrimos.