Basta ya de represión, Cristina Cifuentes dimisión.
Recientemente se ha conocido la estadística de multas gubernativas impuestas por participar en movilizaciones, durante los años 2012 y 2013. La Comunidad de Madrid se lleva la palma con cerca de 1500, a mucha distancia de la siguiente que es Andalucía que no alcanza las 800, a pesar de contar con más población. Los escritos de alegaciones son sistemáticamente rechazados por la institución dirigida por Cristina Cifuentes, aunque al recurrir a los tribunales se suelen ganar por parte de las personas sancionadas (incluso algunos de los Recursos de Alzada son estimados por el Ministerio encabezado por el miembro del Opus Dei Jorge Fernández Díaz). Sólo esta realidad objetiva, revela el carácter autoritario de la Delegada del Gobierno en Madrid, pero no queda ahí su actuación represiva.
Las numerosas detenciones, que se pueden contar por centenares durante su mandato, en muchas ocasiones masivas como las 54 que se han producido en el Vicerrectorado de la Universidad Complutense, simplemente por participar en una protesta pacífica, son un reflejo del estado de excepción encubierto impuesto por la inquilina del palacete de la calle Miguel Ángel. Los procedimientos penales, abiertos como consecuencia de ellas, suelen acabar en sobreseimiento o absolución. Incluso “Amnistía Internacional” reconoce que se producen detenciones arbitrarias.
La otra cara de los arrestos es el maltrato policial que se produce frecuentemente, tanto en el instante de la captura como en el Cuartel de Moratalaz (sede de la Policía Política -Brigada de Información-). Innumerables partes de lesiones de las personas detenidas allí, acreditan estos abusos.
Las habituales cargas policiales han dejado un número importante de gente herida, en algunos casos graves. Entre estos últimos, cabe destacar el de Consolación, una mujer lesionada por el impacto de una pelota de goma en la “Marcha de los mineros” el 11 de julio de 2012. Estuvo ingresada en Unidad de Cuidados Intensivos durante dos meses. También, está el caso de Ángel que vino desde Granada para participar en la primera edición de “Rodea el Congreso” y terminó en la U.C.I. del Hospital 12 de octubre. Y más recientemente, la vandálica intervención policial para disolver las “Marchas de la Dignidad”, el pasado 22 de marzo, ha dejado a un joven con la pérdida del 90 % de la visión en un ojo; y a otro le ha sido extirpado un testículo.
El acoso policial a periodistas ha sido una constante durante este tiempo. El último ejemplo
fue la agresión del pasado 29 de marzo al finalizar la concentración de “Jaque a la monarquía”. No sólo se maltrata a la gente que se moviliza, también a quien documenta estas vejaciones; y, por lo tanto, resulta molesta.
La espiral represiva ha llevado ante un tribunal especial, como es la Audiencia Nacional (heredera del T.O.P. franquista), a militantes de “Greenpeace” por realizar una acción pacífica en el palacio de la carrera de San Jerónimo; o a miembros de la “Coordinadora 25s” simplemente por ejercer el derecho de reunión en el parque de El Retiro. Cabe destacar, que en el primer caso el magistrado Bermúdez archivó la causa; y, en el segundo, su colega Pedraz sobreseyó el procedimiento. En ambos casos, estos dos jueces entendieron que no había delito. Esta “novedad” ha supuesto un salto cualitativo importante, ya que no únicamente utilizan los juzgados ordinarios (como hasta hace poco).
Un capítulo especial merecen los ingresos en prisión preventiva, algo que debería ser muy excepcional, pero que Cristina Cifuentes ha logrado “normalizar”, con la complicidad de un sector de la judicatura. Una situación que supera en dureza represiva, a la de su antecesor en el puesto entre el año 2000 y 2004, el antiguo falangista Francisco Javier Ansuátegui -ya que durante su mandato no se produjo ninguno por participar en movilizaciones-. Desde el encarcelamiento de “Alfon”, pasando por los prisioneros del “Caso del banco de Santander” en el 2013, hasta los actuales presos Miguel e Ismael como consecuencia de la represión desatada contra la manifestación del último 22 de marzo; un goteo incesante que no tiene parangón en las últimas tres décadas.
En definitiva, la violación de los Derechos Humanos en general, y en particular de los de reunión, manifestación, información y de la libertad de expresión, ha sido la tónica habitual durante el mandato de Cristina Cifuentes por lo que debería dimitir.
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