La OSCE al rescate del régimen español

Esta vez el informe emitido, que algún medio califica de “contundente”, está teniendo una repercusión mayor, sin llegar a ser masiva. No estamos de acuerdo con ese análisis, y consideramos que este nuevo informe de 2012 no sólo es extremadamente complaciente, sobre todo comparado con el de 2011, sino que por eso mismo no puede sino considerarse un intento de blanquear el régimen político español de una institución como la OSCE, que a fin de cuentas está a su servicio, que es el de las oligarquías político-económicas europeas. Estas son nuestras consideraciones:

El nuevo informe de las generales de 2015 no contiene referencias al realizado en las mismas elecciones en 2011 y a sus recomendaciones. Nuestra primera observación era precisamente la de establecer una continuidad con el informe de 2011, confirmando así que ninguna de las recomendaciones contenidas en el informe de 2011 han sido subsanadas. Si estos informes no tienen un seguimiento que verifique su cumplimiento, y no dan lugar a sanciones o descalificaciones públicas cuando no se tienen en cuenta reiteradamente, hay que preguntarse para qué sirven estos informes y la propia OSCE.

La primera de las recomendaciones es, ahora sí, una crítica contundente a las leyes mordaza. Nos parece estupendo y muy útil que se haga esta crítica, pero consideramos un error que la OSCE se limite a recomendar la derogación de los casos más graves de estas leyes, igual que hacen tantas y tantas personas, denunciando las enormes limitaciones del régimen español. No queremos que se limiten a compadecernos por el estado deplorable de nuestros derechos y libertades civiles, esperamos que nos ayuden a impedir la vulneración de nuestras libertades políticas (de iniciativa al referéndum, legislativa popular o reforma constitucional, de elecciones periódicas…), para que podamos ser nosotras o nuestros legítimos representantes quienes nos cuidemos de legislar las libertades civiles (de expresión, reunión, huelga, manifestación…) de forma democrática, algo que en el actual régimen político, como nosotras y la OSCE estamos de acuerdo, es imposible.

Aquí debemos repartir culpas también entre nuestras compañeras activistas de otros colectivos que en sus respectivas reuniones con los observadores creemos han incidido únicamente en los efectos, una reivindicación más propia de trasladar a organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace, y omitido la causa de tales efectos: un régimen político totalitario donde sólo las élites toman las decisiones, cuya denuncia es el supuesto cometido de OSCE-ODHIR. La repercusión de los efectos en la causa, en la dirección contraria, es desde luego importante, condicionando la voluntad política de los votantes en una suerte de extorsión o coacción electoral, pero creemos que solicitar a la OSCE durante una observación electoral que exija al régimen limitar la represión y permitir la libertad de expresión es no sólo pedir peras a un olmo sino hacerlo en febrero, además de darles una excusa para lucirse con una denuncia mediática y omitir su verdadero trabajo.

Es fácil denunciar las vulneraciones de los DDHH de unas leyes represivas. Es algo más difícil investigar cómo han sido elaboradas y aprobadas estas leyes, en cuyo caso se debería llegar inexorablemente a la recomendación de limitar el uso del Decreto Ley a estados de verdadera excepción y la búsqueda del consenso o al menos la mayoría de tres cuartos de las cámaras en cuestiones que afecten a libertades fundamentales y leyes orgánicas. Esa era la recomendación, o alguna similar, que esperábamos de este informe al respecto, aunque no nos atrevimos a mencionarlo explícitamente, confiando en que hiciesen este trabajo y extrajesen sus propias conclusiones y recomendaciones.

La segunda recomendación, así como la tercera cuarta y quinta, servirían únicamente como añadidos a las recomendaciones similares del informe de 1011 sobre la baja proporcionalidad y la inexistente igualdad del voto. No negamos su importancia, y en este caso el acierto al dirigir la recomendación en los cauces correctos y no limitarse a la denuncia, pero no podemos evitar echar en falta las muchas consideraciones que faltan de su anterior informe y la reiteración en su incumplimiento. Estas omisiones provocan que la impresión final sea la de que el régimen ha mejorado, y no podría haber nada más lejos de la realidad.

La sexta recomendación, sobre la manipulación de RTVE y otros medios de desinformación, cumple lo requerido por nosotras y, suponemos, por nuestras compañeras de otros colectivos activistas. Sin embargo, el punto siguiente, séptimo, desbarata toda su fuerza, invitando a una resolución de esta tremenda irregularidad que no sea la recomendada en el punto anterior. Si el control de RTVE y de la totalidad de los medios televisivos, que requieren la aprobación previa del Gobierno, así de la práctica totalidad de los medios impresos, instrumentos de los partidos mayoritarios, sigue siendo el mismo, no entendemos la utilidad de crear otro ente más. Porque si el problema de fondo no se soluciona, nos tememos que este ente simplemente se declarará “independiente” pero igual que todos los demás no lo será de ninguna manera desde el mismo momento en el que exista, pasando a ser otro aparato más de propaganda del régimen, un nuevo chiringuito donde poder colocar a otro puñado de compiyoguis y cuñados.