¿Es constitucional el IVA?

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El principio de recaudación fiscal que, en teoría, rige en el marco legislativo español, es el establecido por el art. 31.1 CE:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

En mayor o menor medida, y más allá del ámbito legal, este principio parecía cumplirse y estar implantado de forma consensuada. Al entrar en 1986 España en la CEE, se implantó el IVA, con la idea de “sustituir” diversos impuestos como el ITE, se dijo que para “unificarlos”. En la medida en que digamos que este impuesto era básicamente una especie de cambio nominal, quizás con una ligera variación en la cuantía, no se podría hablar de reorientación en la política fiscal. Sin embargo, sí era una semilla que, con el transcurso del tiempo, ha servido de abono para legalizar un cambio drástico en la forma de aplicar la política fiscal recaudatoria.

La tradicional resistencia de los sectores conservadores (representados por los parlamentarios de los partidos autodefinidos como “liberales”) que defienden lo que denunciamos como posiciones elitistas y no solidarias respecto al reparto de la carga fiscal establecido en el mencionado art. 31 CE, encontró en el IVA el mecanismo que permitía disfrazar este impuesto como herramienta recaudatoria legítima. Esto se explica porque el objetivo real del Impuesto sobre el Valor Añadido es el de reducir la parte de la aportación fiscal respecto del global que le debería corresponder a los sectores privilegiados, y luego -para cuadrar las cuentas y no romper el principio de suficiencia financiera- ya se buscaría la forma de intentar compensar la reducción resultante, de forma que ésta recaiga sobre el resto de la población. Así, en 2001, el IVA se convirtió en un impuesto generalizado al consumo, con lo que incrementaba el porcentaje de carga alícuota que sale directamente de los bolsillos de la clase trabajadora, con respecto a las clases privilegiadas. Es decir, en la práctica, se convierte en un caballo de Troya para profundizar, aún más, en la ruptura del ya por sí retórico “estado social” proclamado en el artículo 1 CE. En las campañas mediáticas sobre las bondades de la economía liberal se decía que “los precios no tienen por qué subir”, afirmación ésta que se demostró falsa ya en el primer mes de la entrada en vigor del IVA porque, para ocultar la evidente repercusión negativa, se modificaron los criterios arbitrarios que medían la llamada “cesta de la compra”, amparados también por la confusión que se produjo en el cambio de moneda, de la peseta al euro.

Desde entonces y hasta ahora, la cantidad que el Estado recauda anualmente en concepto de IVA se ha incrementado en aproximadamente 20 mil millones de euros, a la par que, aunque con alguna fluctuación, se reduce o estanca la recaudación mediante impuestos directos. El mantra de “pagar menos impuestos” que algunos repiten como medida estrella en las campañas electorales y que interpretan como consenso de todos los españoles sin distinción de clases, se refiere en realidad sólo a la reducción en impuestos directos de los que más ingresan, intentando compensar la pérdida de ingresos que obliga por igual a todos pero que, para los que ingresan menos, es claramente sancionadora. En definitiva, la consecuencia de implantar el IVA como impuesto generalizado al consumo constituye la ruptura del presuntamente perseguido equilibrio del estado social, pretendido retórica y constitucionalmente desde 1978, por varios motivos:

• La clase trabajadora paga más impuestos. Este efecto adverso se explica porque se realiza por dos vías: 1) la habitual retención de la nómina que es ineludible para cualquier trabajador, y que entendemos debiera ser la única carga impositiva a la que enfrentarse, 2) la derivada del consumo cotidiano de comida, suministros, ropa, etc. Esta última aumenta considerablemente el total de los recursos dedicados solamente en materia impositiva.
• El dinero NO “está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. La afirmación sobre lo que supuestamente se “ahorraría” la clase trabajadora (mucho peor en personas desempleadas) con esa reducción de retención en la nómina, pero luego tiene que desembolsarlo en el consumo cotidiano, no es cierta. ¿Ese “ahorro” compensa la mayor carga fiscal cotidiana bajo el concepto de IVA? No, porque el dinero que se tenga en el bolsillo, es para disponer de él libremente, incluso ahorrarlo. Al pagar constantemente impuestos indirectos en base al consumo, la clase trabajadora queda descapitalizada.
• La clase trabajadora tiene menor capacidad adquisitiva. Cuando, además del necesario consumo diario, las personas necesitan hacer uso de los servicios públicos, tienen que afrontar costos adicionales (los llamados “copagos”), que no suponen sino más impuestos indirectos que restar de la nómina. Esto ocurre por la falta de una financiación adecuada de los servicios públicos como consecuencia de la renuncia del Estado a buscar mecanismos progresivos para aumentar los ingresos. Esta falta de liquidez del Estado para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos, se agrava con el abusivo trasvase de recursos públicos al sector privado y los sucesivos recortes presupuestarios.
• Se vulnera el principio de financiación estipulado en el art. 31 CE. El uso sistemático de mecanismos regresivos en el sistema fiscal, no sólo es injusto en sí mismo, sino que, además, produce el empobrecimiento gradual de la recaudación total del Estado. Del empobrecimiento y desamparo laboral de la clase trabajadora se deriva una menor capacidad recaudatoria por parte del Estado, así como menor capacidad de financiación de lo público.

Por todo ello cuestionamos, si no el IVA en sí mismo, al menos el uso desproporcionado e inconstitucional que se hace de él. Creemos que si la carga fiscal de lo público se instruyera proporcionalmente a través de la lógica fiscalidad progresiva, aportando más quienes mayor capacidad económica tienen, se restablecería el principio de suficiencia financiera y se saldría de la espiral del déficit anual de la que parece imposible salir en la caciquil filosofía neoliberal, tal y como se explica en la Propuesta consensuada para fiscalidad de la Asamblea Interbarrios de Economía del 15M.